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Intento frustrado de revivir los controles de precios y costos

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Francisco J. Contreras M. 

La semana pasada hubo un ensayo de retorno a la práctica de los controles de precios que fue en menos de 24 horas abandonada de una manera tal que nadie quiso hablar sobre el tema. La razón es la imposibilidad moral y técnica para establecer una regulación de las ganancias a partir de la noción de costos y precios “justos”. Primero, nos encontramos ante la contrariedad moral del discernimiento sobre la naturaleza de costos y precios “justos”, y segundo, ante la incapacidad técnica de identificación de precios y costos “justos” de manera unívoca a partir del costo de producción. Todo ello sin considerar el otro factor determinante del precio como lo es la valoración que atribuye el comprador a un bien o a un servicio.

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La noción de precio justo tiene sus antecedentes en las posturas de Santo Tomás de Aquino (1225-1274) sobre el mismo. Se aplica el argumento de la reciprocidad señalado en el Evangelio: “Haz a los demás todo lo que quieras que te hagan a ti.” (Mateo 7, 12), involucra además la noción de la igualdad entre las partes, una transacción no debe ser más gravosa para uno que para el otro sujeto involucrado. La fijación última de un valor corresponde al plano subjetivo de lo que no tiene objetividad común y universal. Lo justo para uno puede ser injusto para otro, y ¿Quién puede abrogarse la verdad? ¿Serán acaso los gobernantes con poderes especiales otorgados desde algún procedimiento “legal”?. En Venezuela parece que el marco regulador otorga poderes especiales para aceptar unas cosas y otras no, para calificar la verdad o la moral de las cosas y de los actos humanos.

Esta vía para resolver los problemas de precios, costos y beneficios es un tema superado desde hace mucho tiempo. Hoy por hoy, ante la presencia de fallos del mercado, la política pública es más eficiente y efectiva a través de incentivos, reglas y otros mecanismos de acción a través del mismo mercado y no del control de variables resultado, como los precios, el interés, la tasa de cambio y los salarios.

En el pasado la manufactura se fundaba en un solo o pocos productos, con un bajo impacto de los gastos de administración, de organización y de intangibles. En un comienzo, casi todo era esfuerzo muscular y la mejor aproximación de costo de hacer y vender era en esfuerzo y empeño necesarios para fabricar, de allí la idea del valor trabajo. Con el advenimiento de máquinas herramientas, energía para su funcionamiento y otros gastos de fabricación, la referencia fue el costo de producción (costo primo más gastos fabriles), pues los gastos fabriles se hicieron cada vez mayores. En la actualidad, el mayor impacto en los costos de hacer y vender se deriva de intangibles, estructura organizacional, certificaciones, aplicaciones informáticas para manejo de administración, inventarios, logística, todos con influencia decisiva sobre la productividad, pero sin un efecto directo en la fabricación.

No existe homogeneidad que permita la comparación de una empresa con otra, ya que la escala de producción, la conformación del portafolio de productos y servicios, y el estilo tecnológico de producción, son diferentes, y habrá probablemente una estructura diferente para cada empresa. Si decidiéramos el establecimiento de un “costo justo” a partir del “costo de hacer y vender”, podríamos justificar de manera técnica variados costos para un mismo producto, en un mismo momento y en un mismo sitio, pero en diferentes plantas de configuración diversa de saber hacer, de tecnología y dimensión.

Al margen de los costos de producción y a nivel de los costos de hacer y vender, se suman unas partidas importantes en el caso de Venezuela relacionadas con el marco regulatorio gubernamental. El peso de la parafiscalidad en Venezuela (LOCTI, LOPNA,) estimados contra ingresos brutos o sobre el margen, suma gastos nada despreciables. La incidencia tributaria no solo es por el monto correspondiente a la presión tributaria, es que ahora las empresas deben sostener una burocracia asociada con la delegación de responsabilidades públicas por parte del Gobierno. 

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