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La informalidad destructiva en Venezuela

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“La calificación peyorativa de la informalidad es una forma perversa que distrae a la gente del verdadero contenido del desorden económico, cuyo origen se encuentra en la mala práctica de la política pública. El desvío de la atención de la gente desde la razón hacia los impulsos y las emociones son distractores que permiten arruinar la confianza en la política y en la democracia. Hay una línea difusa entre la informalidad económica destructiva y la creadora de valor social”.

Francisco J Contreras M

@fjcontre35

De manera convencional se ha tenido a las actividades informales como un modo de vida al margen de las regulaciones gubernamentales. Califican como informales quienes desempeñan tareas como las siguientes: vendedores ambulantes, conductores de minibuses y taxis, recicladores de desperdicios, familias que desde sus casas fabrican y reparan enseres, prendas de vestir y equipos domésticos, trabajadores a domicilio, eventuales en restaurantes y hoteles, conserjes subcontratados, guardias de seguridad, jornaleros en la construcción y la agricultura, asistentes temporales de oficina o personas subcontratadas que procesan datos a distancia.

Si se presta atención, todos ellos conocen su oficio, existen en todas partes con menor o mayor intensidad y son gente cuya actividad genera un bien o servicio real, no se trata de buscadores de oportunidades. Estas actividades son susceptibles de ser incorporadas al sector formal de la economía o de poseer la legitimidad e integración institucional en términos de sujetos de regulación. Es gente que puede vivir como iguales, reconociendo la singularidad de cada cual. Es una ruta diferente a la del igualitarismo, se trata de que podamos vivir como iguales.

Entre las actividades informales nos encontramos las destructivas, que surgen en economías sujetas a asfixia regulatoria que favorecen a personas o grupos que se aprovechan del poder discrecional, de los incentivos perversos y de las asimetrías de información derivados de la mala política pública. Esta condición guarda relación con formas depredadoras de valor económico o social que se derivan de la relación directa o indirecta con funcionarios, entes públicos corrompidos o con sujetos pertenecientes al hampa común u organizada. Este tipo de informalidad tiene su origen en la asfixia regulatoria, los estados de hiperinflación y la presencia de mercados negros.

Un primer nivel visible de la informalidad destructiva se manifiesta a través de:

· Los gestores de aprovisionamiento de servicios públicos ante instituciones oficiales cuando estos “oficios” se ejercen con violencia física o psicológica, que solo son posibles con algún tipo complicidad con funcionarios encargados de la seguridad pública.

· Los gestores que poseen información privilegiada sobre la administración de la justicia, de la salud y de bienes sujetos a controles de precios y racionamiento, actividades que se convierten en una extracción de rentas que se traslada a través de los gestores al común de la gente, con la consiguiente destrucción de valor social.

· Los gestores con poder de decisión sobre la venta y distribución de bienes y servicios (públicos y semi privados) sujetos a regulaciones. Aquí también se incluye a quienes poseen poder discrecional para administrar la supervisión de las regulaciones y de las sanciones.

Las formas visibles de la informalidad destructiva necesitan de unos niveles superiores o más elevados de poder político, pues una economía sometida a asfixia regulatoria, requiere la administración de otro tipo de gestores, cuya acción es más difusa, pero con mayor extracción de rentas a nivel de otorgamiento de permisos, de certificaciones, de preferencias discrecionales, de aprobación de actividades comerciales de importación.

La informalidad destructiva es un fenómeno socioeconómico que solo puede sobrevivir en presencia de mercados negros, producto de controles y de poder discrecional arbitrario. En el momento que existe equilibrio y contrapesos en los poderes públicos y se sujeta la política económica a la evaluación de impacto regulatorio, la escasez desaparece y se estabiliza la economía.

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