Un grupo de 29 migrantes venezolanos que ingresaron de forma ilegal a Trinidad y Tobago en julio de 2020 recibirá una compensación económica por parte del gobierno de ese país, según ordenó el Tribunal Supremo el 20 de noviembre. La jueza Carol Gobin determinó que los migrantes fueron sometidos a condiciones “degradantes e inhumanas” durante su detención en celdas policiales, y que los menores de edad sufrieron un trato “sencillamente cruel”.
La indemnización total asciende a 385.600 dólares, de los cuales 281.600 dólares serán para los 16 niños y adolescentes que estaban entre los detenidos, y 104.000 dólares para los 13 adultos. La magistrada consideró que hubo una demora injustificada de 14 días en el proceso de coordinación entre la Policía y las autoridades migratorias, lo que prolongó el sufrimiento de los migrantes.
Los hombres fueron recluidos en la comisaría de Siparia, al sur de Trinidad, donde tuvieron que soportar el calor y la oscuridad en celdas abarrotadas. Las mujeres y los niños fueron trasladados a Fyzabad, en el suroeste del país, donde no tenían privacidad ni elementos de higiene personal.
Los migrantes fueron liberados el 17 de agosto de 2020 bajo la supervisión de la División de Inmigración de Trinidad y Tobago, y actualmente siguen en el país. La jueza Gobin reconoció que la detención era inevitable por la entrada ilegal de los migrantes, pero criticó la falta de humanidad y compasión de las autoridades.
La situación de los migrantes venezolanos en Trinidad y Tobago es compleja y delicada, ya que el país caribeño ha recibido a más de 60.000 venezolanos que huyen de la crisis política, económica y social que atraviesa su país. Sin embargo, muchos de ellos enfrentan dificultades para acceder a los servicios básicos, al mercado laboral y a la educación. Además, han sido víctimas de discriminación, explotación y violencia por parte de algunos sectores de la población local.
En noviembre de 2020, el gobierno de Trinidad y Tobago deportó a un grupo de 161 migrantes venezolanos, incluyendo a 16 menores de edad, expulsándolos al mar en dos embarcaciones sin identificación. Este hecho generó una fuerte condena por parte de organismos internacionales de derechos humanos, que pidieron al gobierno trinitense garantizar el ingreso y la protección de los venezolanos que buscan refugio en su territorio.
