La Corte Penal Internacional (CPI) realizó el 7 y 8 de noviembre dos audiencias de apelación sobre las investigaciones que lleva a cabo sobre los presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos por el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela.
La Fiscalía de la CPI sostuvo que Venezuela no ha mostrado que la Sala de Cuestiones Preliminares fuera irrazonable o incorrecta al autorizar la investigación, y que los procedimientos nacionales en Venezuela no reflejan lo solicitado por la Fiscalía.
La Oficina de Defensa de las Víctimas de la CPI, que representa a más de 4.000 víctimas de violaciones de derechos humanos en Venezuela, afirmó que el régimen no está investigando ni enjuiciando los crímenes que sufrieron, y que mientras se debatía en la Corte, en Venezuela «se siguen cometiendo crímenes con impunidad».
La defensa de las víctimas también rechazó que el régimen pretenda procesar los crímenes de violencia sexual como delitos de tortura o tratos crueles, y señaló que estos crímenes tienen elementos y consecuencias distintas para las víctimas.
Por su parte, el abogado del régimen, Ben Emmerson, reconoció que la mayor parte de los casos sobre Venezuela ante la CPI no se han concretado, y que en algunos casos no hay sospechosos identificados.
La CPI inició en febrero de 2018 un examen preliminar sobre la situación en Venezuela, y en noviembre de 2020 autorizó la apertura de una investigación formal sobre los crímenes cometidos desde abril de 2017.
Entre los crímenes que se investigan se encuentran los asesinatos ilegales, las detenciones arbitrarias, la tortura, los tratos crueles, la violencia sexual y la persecución política.
La CPI es el primer tribunal permanente e internacional encargado de juzgar los crímenes más graves que afectan a la comunidad internacional, como el genocidio, los crímenes de guerra, los crímenes de lesa humanidad y el crimen de agresión.
