El Gobierno de Venezuela ha presentado este martes sus argumentos ante la Sala de Apelaciones del Tribunal Penal Internacional (TPI) para evitar que la Fiscalía de este organismo reabra las investigaciones sobre los posibles crímenes contra la humanidad cometidos en el país en 2017, durante las protestas contra el régimen de Nicolás Maduro. Los abogados de Caracas han alegado que no han recibido información suficiente sobre los hechos denunciados y que las autoridades venezolanas están actuando de forma diligente y efectiva para esclarecerlos.
La Fiscalía del TPI inició una investigación preliminar en 2021 sobre los casos de ejecuciones extrajudiciales, torturas y detenciones arbitrarias que se habrían producido entre abril y julio de 2017, cuando el Tribunal Supremo de Venezuela intentó anular las competencias de la Asamblea Nacional, controlada por la oposición. Las manifestaciones antigubernamentales que se desataron entonces dejaron más de un centenar de muertos.
En 2022, el fiscal jefe del TPI, Karim Khan, solicitó que se abriera una investigación formal al considerar que había motivos razonables para creer que se habían cometido crímenes de lesa humanidad en Venezuela y que el Estado no estaba dispuesto ni en condiciones de juzgarlos.
Sin embargo, el Gobierno de Maduro se opuso a esta decisión y presentó un recurso de apelación ante la Sala de Apelaciones del TPI, alegando que había firmado un acuerdo de cooperación con la Fiscalía y que había remitido pruebas de que los tribunales venezolanos estaban investigando y procesando a los responsables de los delitos denunciados. Según Caracas, el TPI solo puede intervenir cuando el Estado concernido no puede o no quiere hacer justicia por su cuenta, de acuerdo con el principio de complementariedad que rige el Estatuto de Roma, el tratado fundacional del tribunal.
En la audiencia de este martes, el abogado Ben Emmerson, que representa al Gobierno venezolano, ha criticado que la Fiscalía no haya proporcionado detalles sobre los incidentes, las víctimas, los autores o las fechas de los supuestos crímenes contra la humanidad. Ha afirmado que la información recibida era tan genérica que no permitía a Venezuela responder de forma adecuada y que la Corte había ignorado la mayoría de las pruebas presentadas por su parte. Además, ha cuestionado que la Sala de Apelaciones no haya admitido algunos documentos en español, que es una de las lenguas oficiales del TPI.
Por su parte, la fiscal Nivedha Thiru ha defendido que su oficina había cumplido con los requisitos legales y que había enviado a Caracas información suficiente y específica sobre los hechos investigados, incluyendo el ámbito temporal, geográfico, los grupos de personas implicados y el tipo de crímenes cometidos. Ha señalado que la Fiscalía no estaba obligada a dar más detalles al inicio de la investigación y que tenía que proteger a las víctimas y testigos en un contexto de represión y violencia.
La Sala de Apelaciones del TPI, compuesta por cinco jueces, tendrá que decidir si confirma o revoca la decisión de la Fiscalía de abrir una investigación formal sobre Venezuela. El fallo se espera para los próximos meses. Si se confirma, Venezuela se convertiría en el primer país de América Latina en ser objeto de una investigación de este tipo por parte del TPI, que tiene competencia para juzgar los crímenes más graves del derecho internacional.
