Un total de 32.000 migrantes venezolanos han llegado a Estados Unidos en los últimos cinco meses a través del programa de parole humanitario, una medida que les permite ingresar al país de forma legal y temporal, mientras solicitan una visa o un estatus de protección. Este programa fue habilitado por el gobierno de Joe Biden a finales del año pasado, con el fin de frenar la migración irregular por la frontera sur.
Los venezolanos son el grupo más numeroso que se ha beneficiado de este programa, que también incluye a cubanos, nicaragüenses y haitianos. Hasta marzo, 40.000 venezolanos habían recibido la autorización de viaje hacia Estados Unidos, lo que representa el 42% del total de procesados a la fecha, que asciende a 95.000.
Según las autoridades estadounidenses, este programa seguirá vigente aunque se levante el Título 42, la normativa sanitaria que permite la expulsión inmediata de los migrantes que cruzan la frontera de forma ilegal.
El objetivo es ofrecer una alternativa legal y segura a los venezolanos que huyen de la crisis humanitaria y política que vive su país, así como mejorar el control migratorio y la seguridad fronteriza.
“Vamos a imponer consecuencias nuevas para las personas que no utilicen estos canales nuevos. A todos los migrantes que tal vez están escuchando les digo: No crean las mentiras que cuentan los coyotes, utilicen estas vías organizadas que estamos ofreciendo (…) vamos a incrementar el uso de repatriación acelerada a la personas que lleguen a la frontera suroeste y no tengan argumento legal para permanecer en EEUU. Podrían ser procesadas penalmente por cada intento que hagan para entrar. Esta medida incentivará a las personas a utilizar las vías seguras y ordenadas, para desincentivar cruces de fronteras”, dijo Blas Núñez-Neto, subsecretario interino de Política Fronteriza e Inmigración de EE.UU.
El programa de parole humanitario se basa en la figura de los patrocinadores, que son personas o entidades que se comprometen a brindar apoyo económico y social a los migrantes que llegan al país. Los patrocinadores deben cumplir con una serie de requisitos y responsabilidades para garantizar el bienestar de los migrantes y evitar que se conviertan en una carga pública.
