Venezuela no logró anular las sanciones impuestas por la Unión Europea (UE) en 2017, que prohíben la venta de armas y equipos represivos al país sudamericano.
Así lo dictaminó el Tribunal General de la UE (TGUE) en un comunicado, donde rechazó todos los argumentos presentados por Venezuela en su apelación de 2018.
Según el TGUE, Venezuela no tenía derecho a ser escuchada antes de la adopción de las medidas, ya que se trataba de medidas generales y no individuales. Además, el tribunal afirmó que la UE explicó claramente la situación y los objetivos que motivaron las sanciones, y que se basó en datos creíbles e información fiable para evaluar la situación.
El TGUE también desestimó la alegación de Venezuela de que los hechos invocados por la UE estaban viciados de imprecisiones materiales, y señaló que Venezuela no lo había demostrado.
La decisión del TGUE puede ser recurrida ante el Tribunal de Justicia de la UE, pero solo en puntos específicos de la demanda venezolana.
