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Ante ausencia de respuestas a sus necesidades el pueblo venezolano se ha lanzado a las calles

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“El Bautista”

Ante la inexistencia de respuestas por parte del Gobierno Nacional, a los reclamos y peticiones de mejores salarios y reivindicaciones laborales, toda vez que ni el Ministerio para el Trabajo ni la Defensoría del Pueblo han formulado algún pronunciamiento, en forma espontánea, firme, acelerada y progresiva se ha ido extendiendo por todo el territorio nacional la movilización de los trabajadores venezolanos de distintos sectores, destacando los de educación, salud, administración pública, jubilados y pensionados, quienes en forma masiva se han lanzado a la calle, pancartas en alto, para reclamar sus derechos.

La aceleración en el aumento de las protestas, se produce ante la realidad que están percibiendo los trabajadores y las familias venezolanas, ante el proceso de devaluación de la moneda y de la inflación creciente, que los está colocando en alto riesgo, incluso para sus vidas porque con un salarió mínimo de 7 dólares, un hogar no puede sobrevivir un día, mucho menos un mes, sobre todo debido al encarecimiento de los precios de los alimentos, que es la variable a la cual se destina la mayor parte del menguado ingreso de los trabajadores.

Todos los esfuerzos e intentos que han hecho las centrales obreras del país, los distintos  sindicatos, incluyendo a los vinculados con el proceso revolucionario, han resultado en vano, mientras que el gobierno solamente se limita a expresar, ni siquiera en forma directa, sino de funcionarios regionales, que se está evaluando la posibilidad de decretar un aumento salarial que sea sostenible, posición ambigua no es más que una promesa para tratar de calmar los ánimos, ya que el alto gobierno está plenamente consciente, que cuando el estómago de la gente ruge de hambre, y no se atiende en forma prioritaria estas reclamaciones, los conflictos sociales están a la vuelta de la esquina.

Por otra parte, todos los medios de comunicación del país han registrado en sus páginas como en se intensificaron a lo largo del año pasado, los intentos del régimen de Nicolás Maduro de transmitirle al mundo la idea de que en Venezuela la vida se ha normalizado, lo cual ha quedado desvirtuado de inmediato con las imágenes de miles de trabajadores activos, jubilados y pensionados venezolanos protestando de manera pacífica en las calles de las principales ciudades del país, reclamando al Gobierno el respeto a sus derechos laborales. 

Tampoco hay que olvidar que el último aumento del salario mínimo del gobierno se produjo en el mes de marzo de 2022, es decir que estamos a casi un año de este incremento que fue equivalente a 30$, el más bajo de América Latina. Sin embargo, como consecuencia de la inflación y de la devaluación del bolívar, en estos momentos este monto se ha reducido al equivalente a 7 $, en tanto que la Canasta Alimentaria del Cendas-FVM para fin de año superaba los 470 $, lo que evidencia que una familia con el salario mínimo solo puede adquirir el 1,4%  de los alimentos.

Por lo tanto, todas las expectativas que se generaron, alrededor de la visita de la Comisión Especial de la Organización Internacional del Trabajo a Caracas, las múltiples reuniones con los empleadores de Fedecámaras y con las distintas centrales laborales del país, con miras a la reinstalación de la Comisión Tripartita, donde gobierno, empresarios y trabajadores se sentarían a evaluar las condiciones de la economía, la salud financiera de las empresas, para la fijación del salario mínimo de los trabajadores, solo se quedó en el papel, porque hasta donde se sepa, hasta estos momentos la Comisión Tripartita solo fue una promesa más, mientras que son los trabajadores quienes, es una situación de crisis económica como la que se está viviendo en Venezuela, son los pagan los platos rotos, por cuando son la parta más débil de cabuya.

En torno a este tema, la exministra del Trabajo, María Bernardoni de Gouveia, afirma que “el funcionamiento permanente de una instancia como la Comisión Nacional Tripartita hubiera impedido que las condiciones salariales de los venezolanos se hubieran deteriorado al nivel que estamos viendo hoy en día”. En todo caso, lo único cierto es que pareciera que el Gobierno no tiene intenciones de ceder en su posición, de continuar fijando el salario mínimo en forma unilateral, de acuerdo con su criterio más populista y demagógico que técnico, donde el trabajador nunca será favorecido.

Esta lucha que mantienen los trabajadores, los pensionados y jubilados venezolanos, ha tenido al frente a personajes emblemáticos,  como es el caso de Pablo Zambrano, Secretario Ejecutivo de la Federación de Trabajadores de la Salud (Fetrasalud), quien ha expresado en declaraciones a los medios, que el detonante de las actuales protestas laborales tiene como antecedente la política de «aplanamiento salarial” que, desde el 2018, el Ejecutivo Nacional ha adelantado a través de instructivos emanados de la Oficina Nacional de Presupuesto (ONAPRE), con el objeto de regular los tabuladores salariales de los empleados públicos. Estos instructivos violan de manera flagrante la Constitución, las normas laborales y los acuerdos de las convenciones colectivas vigentes en el país.

En la mayoría de las manifestaciones y protestas con las que se ha iniciado el año 2023, los trabajadores activos, jubilados y pensionados venezolanos continúan exigiendo la derogación del instructivo de la Oficina Nacional de Presupuesto (Onapre), también demandan salarios y pensiones equivalentes al costo de la canasta básica, pero para el alto gobierno es como si no existieran, dando la impresión de que no le importa que la población, en algunas zonas del país, se estén muriendo de hambre.

Lamentablemente, aun cuando la Constitución venezolana de 1999 establece en su artículo 86, el deber del Estado de asegurarle al ciudadano la cobertura de un sistema de seguridad social que le garantice la protección de la salud, las pensiones y el desempleo, la realidad es que el venezolano en estos aspectos está prácticamente desamparado, no hay ninguna instancia a la cual puede acudir para exponer que se violan alegremente sus derechos constitucionales, quedándole solo apelar ante la Corte Celestial.

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