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La anomia generalizada

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Jesús A. Jiménez Peraza.

@jesusajimenezp

 Desde hace algún tiempo siento me invade una sensación de anomia. Hablo en primera persona por resultar más fácil describirla, pero estoy seguro que es sentimiento común entre todos los ciudadanos de Venezuela, en particular y, del mundo en general. La anomia es un estado de carencia o degradación de normas sociales. Sentimos que no estamos regidos por leyes preestablecidas y que hemos vuelto a la edad de las cavernas, cuando cada individuo aplicaba lo que le fuera más favorable sin cumplir conductas generalmente aceptadas.

La guerra entre Rusia y la OTAN en defensa de Ucrania, irrespeta la Carta de la ONU suscrita cuando el mundo apenado por los sesenta millones de muertos e incontables lisiados que produjo la II guerra mundial, juró preservar las generaciones venideras del flagelo bélico, reafirmó la fe en los derechos fundamentales del hombre y se comprometió a crear las condiciones para conferir fuerza coercitiva a los tratados internacionales, como fuente de paz y prosperidad entre las naciones.

Nadie está hoy muy seguro de las causas mediatas e inmediatas del enfrentamiento entre los ex miembros de la URSS, solo sabemos que no tiene asidero alguno en los acuerdos bilaterales y multilaterales existentes y que la vida de hombres, animales y vegetación en el planeta depende de lo que decida un grupo de desquiciados. La sola amenaza de utilización de arsenal nuclear entre el selecto grupo del Consejo de Seguridad de la ONU, ya constituye un delito y para el resto de los mortales una sensación de anomia. 

Por Resolución del 27/09/2019  el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, designó una misión internacional independiente de determinación de los hechos, relacionados con infinidad de denuncias sobre violación de  derechos individuales fundamentales en Venezuela. Durante los dos años subsiguientes la misión presentó sus observaciones denunciando “motivos racionales”  sobre crímenes de lesa humanidad en el país. Ahora en el tercer informe, se concretan dos circunstancias muy especiales: 1.- que tales crímenes son cometidos por estructuras e individuos pertenecientes a los servicios de inteligencia del Estado, como plan marco para reprimir a los opositores del gobierno nacional. 2.- sobre la situación de los derechos humanos en el arco minero del Orinoco y otras áreas del Estado Bolívar.

En el primer caso se describen específicamente los organismos  involucrados y en el segundo  se relatan hechos concretos relacionados con explotación infantil y de indígenas, que son los grupos sociales más vulnerables y con requerimientos de tutela especial; tratos crueles, inhumanos, degradantes; enfrentamientos armados entre comandos paramilitares; constitución y operaciones abiertas de sindicatos criminales etc. Me parece no ahondó mucho la misión en la degradación ambiental, que es igualmente un bien que debe ser protegido y constituye una de las más importantes generaciones relacionadas con los DDHH.

La propia misión señala que metodológicamente se aplicó el criterio de “motivos racionales para creer” como estándar de prueba, la cual resulta más fácil de contrarrestar que el de “más allá de toda duda razonable”. La inacción defensiva del Estado venezolano constituye fundados indicios de veracidad en los dichos de la misión, lo que también  nos sume dentro del peligroso ánimo de la anomia.

Ante la ineficacia de los gobiernos  de turno, tendemos a pensar en las bondades de la alternancia como una de las características fundamentales de la democracia. Cuando vemos las denuncias proferidas sobre la administración de Monómeros, una pujante empresa venezolana con sede en Colombia, otorgada a un grupo de la oposición vernácula y la ausencia de una apropiada rendición de cuentas por sus directivos, también sentimos la posibilidad que en el futuro  continuemos sin reglas claras de conducta, si no escogemos con propiedad, con seriedad, el necesario relevo para los actuales gobernantes.  

Por cierto, algunos políticos involucrados en el caso Monómeros, tratan de diluir su responsabilidad en la  societas delinquere non potest, vieja tesis del Derecho Penal según la cual sólo son imputables las personas naturales. Para su información, hoy se aplica la doctrina de la responsabilidad penal empresarial, porque la sociedad es el bien jurídico tutelado ante la acción ilegítima de empresas o corporaciones, dominadas por personas naturales tras bastidores, por lo que llega hasta ellos la potestad punitiva, extendiéndose así  la acción de la justicia porque le hicieron mal a Venezuela, a Colombia y al sector opositor que les dio voto de confianza.

El mundo, el gobierno de Venezuela y la oposición nacional tienen que asumir el cumplimiento de normas establecidas, lógicas en Derecho y en política, para salir de este marasmo en el cual nos encontramos, pero lógicamente es necesario que los ciudadanos aceptemos la responsabilidad personal y colectiva, de enfrentar los entuertos creados y en los cuales tienen interés de continuar los dirigentes actuales, lo que no debemos permitir. Dios bendiga a Venezuela!

jesusjimenezperaza@gmail.com

27/09/2022.

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