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Trapitos: Instructivo ONAPRE la “chispa” que encendió protestas de la calle

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“El Bautista”

Nunca pasó por la mente del alto gobierno que el instructivo mediante el cual la Oficina Nacional de Presupuesto (ONAPRE) se iba a convertir en “la chispa” que encendería los ánimos de los sectores afectados por su implementación, generando una protesta imparable de proyección nacional, cuyas consecuencias son impredecibles, porque la dirigencia del sector educación y salud, han advertido que tomarán previsiones, ante la presencia del período vacacional, para mantener la lucha con toda su intensidad, por cuanto el objetivo que se han planteado como una cuestión de honor, es lograr la derogatoria de tan nefasto instrumento para los intereses de la clase trabajadora.

No hay que olvidar, que no hay nada más sensible y que obligue a los trabajadores y a las familias a reaccionar, incluso con acciones de violencia, que cuando se pretenden meter con “su bolsillo”, afectar su ya de por si menguado ingreso, y es esto precisamente lo que ha logrado hasta estos momentos, con el visto bueno del régimen, la Onapre y su instructivo, cuya aplicación unilateral e inconsulta, se ha convertido en una de las mayores violaciones de los derechos adquiridos de los trabajadores, contemplados tanto en la Constitución de la República de Venezuela, como en la Ley Orgánica del Trabajo para los Trabajadores y Trabajadoras.

Por lo tanto, cuando en el alto gobierno pudieran estar pensando que los ánimos se van a calmar, con la presencia del período vacacional, están muy equivocados porque existe consenso entre todos los sectores afectados, que son la mayoría de los empleados públicos,

una población que pudiera estar por encima de los 6,5 millones de personas, acerca de que no habrá tregua, los gremios y sindicatos continuarán en la calle, porque no están dispuestos a permitir que se sigan aplicando políticas y medidas orientadas a deteriorar más su calidad de vida, manteniéndolos en niveles de pobreza o de pobreza extrema en la que han estado viviendo en los últimos años. 

El ajuste del salario mínimo

Desde hace más de año y medio el Ejecutivo comenzó a implementar una medida, entre gallos y medianoche, obligando a todas las organizaciones de la administración pública, bajo amenazas de quedarse sin los recursos, a enviar sus nóminas a la plataforma del Sistema Patria, desde donde se procedería a calcular todos sus ingresos y a ordenar sus pagos y fue a partir de ese momento cuando comenzaron las protestas por las demoras en los pagos, suspensión de pagos de bonos, horas extras, bonos por hijos y toda clase de beneficios contractuales.

A partir del 15 de  marzo de 2022  fue publicado el Decreto N° 6.691, mediante el cual se aumentaba el salario mínimo en 1.800%, lo que implicaba que el trabajador  y los jubilados y pensionados, a partir de esta fecha comenzaron a cobrar Bs. 130 y con el cesta ticket socialista de Bs.45, equivalente de acuerdo el tipo de cambio vigente para el momento, a 30 dólares mensuales.  

La mayoría de los trabajadores, en lugar de alegrarse por este incremento, entraron en pánico, porque la reacción inmediata fue un incremento de precios de los bienes y servicios a todos los niveles, de manera que aún los trabajadores no habían cobrado el incremento, cuando ya se había convertido en sal y agua por el impacto de la inflación, que aun cuando se ha desacelerado un poco

sigue siendo la más alta del mundo, de acuerdo con todos los analistas económicos del país.

Pero lo que nadie llegó a pensar es que desde el Ministerio de Finanzas, se estuviese planificando maquiavélicamente, que en razón de este incremento, se iban a comenzar realizar ajustes en los ingresos, eliminación de bonificaciones, bonos vacacionales, porque todo estaría incluido dentro del incremento, violentando los sagrados derechos laborales adquiridos en la contratación colectiva. En efecto, este instructivo técnico  se elaboró para regular los tabuladores salariales de los trabajadores públicos y también orientar sobre cuánto debía cobrar en primas y bonos de acuerdo con sus escalas de profesionalización, antigüedad y demás competencias, por supuesto sin dimensionar el impacto que esto iba a tener en el bolsillo de los trabajadores.

Lo cierto es que la alarma se encendió, cuando los trabajadores comenzaron a recibir sus salarios incompletos, recortes de primas y desfase de los cálculo a la hora de los pagos; también notaron modificaciones en los bonos para uniformes, los días festivos fueron ajustados por debajo de lo establecido en las convenciones colectivas, lo que origino las primeras protestas en los sectores de la educación y la salud con salarios erosionados, que muchas veces no les permiten ni siquiera pagar el pasaje para trasladarse hasta sus lugares de trabajo, dándose cuenta que este instructivo atentaba contra muchas de sus reivindicaciones laborales que tantos años de luchas, sangre, sudor y lágrimas les ha costado.

Los gremios y sindicatos comenzaron a intentar establecer un diálogo con el gobierno, propusieron mesas técnicas para revisar el instructivo y resolver aquellas cláusulas donde se les estaba causando perjuicio, pero todas estas reclamaciones apenas si fueron

escuchadas, pero en ningún momento han sido atendidas, a pesar que expusieron las variables en las que fueron afectados.

El objetivo final que se han propuesto los gremios, tanto de la educación como de la salud, es mantener la lucha en la calle, hasta lograr la derogatoria del Instructivo de la ONAPRE; sin embargo, no hay que olvidar que existe una estrategia política por parte del régimen contra las universidades, que como ya hemos dicho se inició con el secuestro de las nóminas en el 2021, arremetiendo nuevamente en el 2022 con el Instructivo ONAPRE, instrumento que desconoce los contratos colectivo y deroga de facto muchos de sus beneficios y métodos de cálculo.

La última acción del sector universitario fue introducir ante la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, la solicitud de nulidad del Instructivo denominado “Proceso de Ajuste del Sistema de Remuneración de la Administración Pública, Convenciones Colectivas, Tablas Especiales, Empresas Estratégicas» de fecha 15.3.2022 dictado por el Presidente de la República Bolivariana de Venezuela”, el cual fue admitido, esperándose un sentencia en plazo perentorio .

Lo único cierto es que el Instructivo de la ONAPRE ha logrado calentar las calles con reacciones masivas, principalmente de los sectores afectados, que confían en que el TSJ les restituya sus derechos en cuanto a la “Violación de los principios de intangibilidad y progresividad como garantía de los derechos y beneficios laborales”; “Violación al debido proceso”; “Violación del derecho a un salario suficiente consagrado en el artículo 91 de la Constitución” y la “Violación del valor superior del ordenamiento jurídico venezolano constituido por la preeminencia de los derechos humanos”.

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