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El desempeño del Parlamento desde el año 2000

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Jesús A. Jiménez Peraza.

@jesusajimenezp

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Uno de los cambios más significativos en la CN1999 fue la sustitución del Congreso, de composición bicameral más cónsono con el federalismo, por la Asamblea Nacional la cual hemos renovado cinco veces durante  su vigencia, presentando en cada período grandes fallas en la defensa de sus potestades y en sus ejecutorias como uno de los Poderes Públicos.

La primera fue electa el domingo 30 de julio del 2000, con 165 diputados y una distribución política bastante pareja. El bloque de partidos pro Chávez estaba integrado por 86 parlamentarios y 79 en el grupo opositor. Muchos de los legisladores se ocuparon más de colarse en la nueva estructura de poder político y económico generado por la naciente Revolución Bolivariana, que en cumplir con labores propias ordenadas en las Disposiciones Transitorias, impuestas por la Asamblea Nacional Constituyente y ratificada por el pueblo de Venezuela a través de la consulta referendaria, sobre el dictamen de una serie de leyes  importantes divididas en tres bloques temporales,  ya que algunas debían promulgarse dentro de 6 meses; otras en el lapso de un año y, en  dos años debía ser aprobada una batería de leyes orgánicas, entre las cuales estaría la Ley de Tierras y las relacionadas con indígenas, educación y procesos electorales.

No obstante tan contundente mandato constitucional, la Asamblea Nacional  delegó en el Presidente de la República la posibilidad de legislar sobre algunas materias, dotándolo con una Ley Habilitante el 14 de noviembre del 2000 sin ninguna urgencia que lo justificara, ni tan siquiera fue utilizada por el jefe del Estado sino un año más tarde, casi fenecida su vigencia dictando 49 Decretos, varios de ellos muy controversiales y polémicos como el Decreto ley de Tierras, el de Hidrocarburos y el de Pesca. La popularidad  y personalidad del presidente Chávez solapó el funcionamiento del Poder Legislativo, puesto no tuvimos conocimiento de revisión de convenios internacionales con Cuba muy profusos en la época, ni  control sobre enormes erogaciones en efectivo para cumplir con el Plan Bolívar 2000 y el de la Patria.

Esta fue una legislatura absolutamente plegada al Ejecutivo. Basta como ejemplo recordar la aprobación de la Ley del Tribunal Supremo de Justicia, caracterizada por  una infeliz redacción y sistematización porque el gobierno requería hacerse de una mayoría representativa en esta rama del Estado ya que después de los sucesos del 11 de abril del 2002 dictó decisiones que no fueron del agrado  presidencial, como la exoneración de responsabilidad de algunos militares y la conclusión de que dichos acontecimientos no fueron un golpe de Estado. Para complacerlo, la Asamblea Nacional reformó la ley del máximo tribunal, reduciéndola de 194  a 23 kilométricos, incompresibles y desarticulados artículos y elevando de 20 a 32 el número de jueces.

El 04 de diciembre del 2005, elegimos un segundo Parlamento, que se instaló el  05 de enero del 2006  hasta el mismo día y mes del 2011. En términos políticos fue una verdadera vergüenza estratégica de algunos conductores auto impuestos en la oposición, porque alegando falta de garantías del Consejo Nacional Electoral  y del sistema de elecciones, fuimos exhortados a no participar, aunque de fondo se argumentó sería la forma de deslegitimar al régimen, trayendo  en consecuencia lo que en dominó corresponde a un “zapatero”, permitiendo elegir 167 miembros a la Asamblea Nacional, 12 al Parlatino y 5 al Parlamento Andino, distribuidos en 114 del PSUV con lo cual el partido oficialista aseguraba la mayoría calificada y el resto para sus aliados.

Los diputados chavistas recorrieron una pista sin baches durante el quinquenio; los dirigentes opositores comenzaron a explicar, sin éxito, por qué no se deslegitimó al gobierno y solo queda para recordar que terminando el período y por si acaso no obtenían mayoría suficiente en la próxima consulta, aprobaron una nueva Ley Habilitante por 18 meses, a través de la cual se coló el sistema comunal y la Ley Orgánica del Poder Popular. Además le dieron jerarquía de ley al Decreto sobre Tierras y Desarrollo Agrario, cerrando el camino a los productores en la defensa administrativa y jurisdiccional de sus propiedades, por incluir el requerimiento de demostrar el desprendimiento de la República, lo que en la práctica es cuasi imposible visto nuestro arcaico sistema registral y autorizó al Ejecutivo  asumir la actividad agraria empresarial.

El 26 de septiembre del 2010 se renovó el cuerpo legislativo, el tercero en la Venezuela socialista. Regía entonces la novedosa Ley Orgánica de Procesos Electorales.  Esta vez resultaron 52 asambleístas mediante el sistema de representación proporcional y 110 por escrutinio uninominal mayoritario, dos menos que en el período anterior, tomando la base el 1.1% de la población total del país, más 12 del Parlamento Latinoamericano. Pasada la media noche la presidente del CNE leyó un confuso escrutinio, mezclando nombres, entidades y porcentajes, que ab inicio impidió el conocimiento exacto  del resultado.  Oficialmente se proclamaron e instalaron 98 legisladores del PSUV y el Partido Comunista, 65 de la Mesa de la Unidad y 2 del partido Patria Para Todos. Con una diferencia inferior al 1% de votantes, el gobierno se acreditó 33 diputados más que la oposición, en quienes no recuerdo ninguna acción política, pacífica y constitucional para tan siquiera explicar el hecho ante  sus electores.

Este lustro fue particularmente difícil porque hubo elecciones presidenciales, ya habían aparecido síntomas de la enfermedad en el Presidente de la República, quien requirió complicadas cirugías fuera del país donde permaneció mucho tiempo, sin que conociéramos la extensión o consecuencias inmediatas de su mal, además de no convocar al Vicepresidente Ejecutivo para suplirlo temporalmente. El bloque de la oposición como dirigentes visibles en cada una de las circunscripciones de la República y por haber obtenido una significativa votación, estaba en la obligación de proponer públicamente el ejercicio de controles político- administrativos sobre el gobierno y de participación ciudadana, pero no fue así.

En esta etapa que alguna vez nuestros libros de historia y de Derecho habrán de analizar a profundidad, la Asamblea cedió espacios a la Sala Constitucional en su competencia exclusiva de dictar leyes, que tomando como base su potestad de ejercer el control concentrado de la constitucionalidad, no solo anuló muchas disposiciones sino que además las remplazaba por normas, lo que no le corresponde. Afortunadamente este abuso fue enmendado por la actual reforma de la Ley del Tribunal Supremo de Justicia.

La Cámara instalada el 5 de enero del 2016 tuvo un desempeño gris al cual me referí en mi artículo anterior (Me confieso inocente). Se inició con mal pie porque no pudo o no supo sortear el abuso de la directiva precedente, quien designó en forma intempestiva jueces de la Sala Electoral y Constitucional, siendo esta última quien le torpedeó todas las leyes que intentaron promulgar y los declaró en desacato durante  su vigencia, luciendo indefenso e impotente el cuerpo legislativo. Antes de su primera instalación previeron el grupo que la presidiría en cada uno de los años subsiguientes. Era lógico, visto lo complicado y variante de la situación política, esperar cada año para determinar lo más aconsejable.

Pretenden, no atino precisar las intenciones, extender su término cumplido el 5 de enero del 2021, por lo que  transcribo  un artículo de la CN cubana de 2019, que textualmente dice: “Artículo 105.- La Asamblea Nacional del  Poder Popular es elegida por un período de cinco años. Este período solo podrá extenderse por la propia Asamblea mediante acuerdo adoptado por una mayoría no inferior a las dos terceras partes del número total de sus integrantes, en caso de circunstancias excepcionales que impidan la celebración normal de las elecciones y mientras subsistan tales circunstancias”. Nuestras circunstancias electorales no son normales desde el 2005, argumento de la oposición para no concurrir, de manera que la Asamblea del 2000 debería ser la  vigente según esta tesis que aducen hoy los diputados del 2015.

La Cámara 2021-2026, habrá de analizarse posteriormente, hasta ahora parece que todos sus integrantes son músicos de la misma orquesta. Que la Divina Pastora nos cubra con su Manto. Dios bendiga a Venezuela!.

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08/01/2023.

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