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Jesús A. Jiménez Peraza

@jesusajimenezp 

Es  sorprendente oír como, seguramente guiados por la adulancia hacia el oficialismo o, si aplicamos el principio de la buena fe, por ingenuidad, un grupo de ciudadanos analizan la actual situación nacional aplicando dos sofismas: 1) los venezolanos estamos conformes con el gobierno, porque se terminaron las manifestaciones hostiles contra él. 2) es clara la burbuja de bonanza económica, que comprueba el encendido de los motores que desde hace muchos años decretó el presidente Maduro. Ambas son  manipuladas.

Es cierto que no hay protestas públicas significativas, pero en privado o en pequeños círculos sociales continúan y se acrecientan peligrosamente, porque permanecen enclaustradas en el corazón de la inmensa mayoría de connacionales. El artículo 68 CN1999, que permite el derecho de manifestar pacíficamente y sin armas, sin más requisitos que los establecidos en la ley  fue vilmente castrado por sentencia de Sala Constitucional en el Expediente 14-0277, año 2014.

Los artículos 41, 43, 44, 46 y 50 de la Ley de Partidos Políticos, Reuniones Públicas y Manifestaciones, solo imponen la obligación de los organizadores de participar la celebración de una manifestación pública a las autoridades civiles con 24 horas de anticipación, por escrito duplicado e indicación de lugar, fecha, hora, objeto e itinerario de la misma. Cuando la autoridad tenga razones para temer que otras protestas puedan coincidir y provocar alteraciones para el orden público dispondrá, de acuerdo con los organizadores, la celebración en horas diferentes o sitios distantes. Oyendo la opinión de los partidos políticos, los gobernadores o alcaldes podrán fijar sitios prohibidos para la realización de dichos eventos, restricción que eventualmente puede ser   omitida.

En la sentencia del 2014, sin embargo,  la referida Sala parte de la base que por no ser absoluto el derecho a manifestar, como la vida o la salud, los organizadores no solo deben participar el evento, sino seguir un procedimiento administrativo para obtener debida autorización, con lo cual cambia absolutamente la intención del legislador.  Se concede a  la primera autoridad civil de los municipios ordenar su dispersión, para asegurar la garantía  al libre tránsito, pudiendo utilizar para ello “los mecanismos más adecuados”, lo que realmente constituye una patente de corso contra la libertad de protestar.

También determinó la decisión que la autoridad administrativa está facultada no sólo para negar el acto de protesta, sino para modificar el sitio, día y hora determinado por el solicitante, por acto motivado y si fuesen desobedecidas las condiciones  puede la autoridad aplicar el artículo 178.7 constitucional, en vínculo con el artículo 34, ordinales 4, 44 y 46 de la Ley Orgánica del Servicio de Policía Nacional Bolivariana y, en consecuencia, ejecutar las acciones necesarias para mantener el orden público, puesto las policías municipales tienen competencia compartida, en esta materia, con los demás cuerpos de seguridad del Estado.  Finalmente autoriza la Sala Constitucional remitir al Ministerio Público, a la brevedad posible, los datos de los responsables en caso que la manifestación se realizara a pesar de haber sido negada expresamente la solicitud, para ser tramitada la responsabilidad penal por el delito de desobediencia a la autoridad previsto en el artículo 483 del Código Penal “y cualquier otra responsabilidad penal y jurídica”. 

Estas condicionantes, no del legislador sino impuestas por vía jurisprudencial en materia de manifestaciones públicas, han producido temor en la ciudadanía, además de agotamiento anímico al entender que con ellas no han obtenido resultados concretos y anhelados.

Otra razón por la cual creo se extinguió la protesta pública contra  los gobiernos central y locales, es la ingente necesidad económica de los ciudadanos, quienes viven de su trabajo diario  sin subordinación ni relación de dependencia, no estable y por ende, sin la garantía de un salario fijo suficiente para la satisfacción de sus necesidades básicas.

Por supuesto, ambas razones expuestas ut supra resultarían secundarias pudiendo ser omitidas, si tuviésemos un liderazgo opositor confiable, pero la división y la falta de tino en sus análisis nos hacen sentir huérfanos de dirigencia capaz canalizar las protestas y servir de alternativa para la gobernabilidad del país.

En cuanto al segundo planeamiento, observo como una serie de personas con proyección en los medios tanto tradicionales como en redes sociales, han venido divulgando que Venezuela está cambiando, que las ciudades se ven abastecidas, con servicios públicos eficientes, limpias, seguras, iluminadas. No sé cuáles son las motivaciones para transmitir esas ideas. Lo cierto es que la existencia de bodegones, potentes automóviles, centros comerciales lujosos y restaurantes con tres estrellas Michelin,  no califican los niveles de vida de un país.

Me genera mayor confianza para conocer la realidad de la Venezuela de hoy, la reciente Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (Encovi 2021), presentada por la UCAB, que revela que en el último año la pobreza extrema subió más de 8%; el empleo formal se redujo en 1,3 millones de puestos de trabajo y la cobertura educativa cayó en un cinco por ciento (5%) (https://wwwgoogle.co.ve/search? q=indice+de+pobreza+en+venezuela).           

Otro estudio sostiene que la pobreza en Venezuela se mantiene en “niveles máximos posibles de 94,5%”, mientras que la pobreza extrema sigue creciendo y abarca dos tercios de los hogares del país, con un 76,6%, un alza de 8,9 puntos, desde los 67,7%  en que se ubicaba el año pasado (provea.org).

Conforme a los referidos trabajos, durante el 2021  aplicando el coeficiente de Gini y la Curva de Lorenz, Venezuela resultó el país más desigual de América. El Índice y coeficiente de Gini es una medida de la desigualdad ideada por el estadístico Corrado Gini, que hace una ponderación entre la uniformidad de ingresos para todos, a lo que se atribuye valor cero (0), y la situación donde todos los ingresos son percibidos por una persona, que grafica con valor uno (1).  

“La curva de Lorenz es una representación gráfica de la desigualdad en el reparto de la renta existente en un determinado territorio (normalmente un país)” (https://www.google.co.ve/search?q=curva+de+lorenz). Ambos métodos resultan de la aplicación de datos estadísticos, que deben ser explicados por expertos con la mayor sencillez posible, para tratar de crear conciencia sobre la verdadera situación en  la cual nos encontramos, lo que pudiera servir para convertir esa realidad en el centro de una Agenda del Diálogo, entre el gobierno y el país nacional integrado por universidades, academia, estudiantes, sindicatos, empresarios, gremios, partidos y organizaciones políticas que hayan cumplido con sus estatutos designando autoridades legítimas etc. Así es como pueden generarse  puntos de entendimiento  evitando el colapso económico del país, que no se va a  convencer por los cantos de sirenas, periodistas ni artistas. Dios bendiga a Venezuela.

jesusjimenezperaza@gmail.com

30/01/2022.

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