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Defensores de DD.HH.: Oficina de la Corte Penal Internacional en Venezuela es justa y necesaria

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El pasado 1 de abril de 2022, el Fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, realizó una visita a Venezuela, con el fin de establecer una oficina de Asistencia Técnica del este organismo internacional de justicia, para avanzar en la investigación que llevan cabo contra el gobierno de Nicolás Maduro por violación de derechos humanos.

La administración de Nicolás Maduro aceptó la instalación de la oficina, sin embargo, insistió en su posición de asegurar que Venezuela tiene un sistema de justicia “serio” que castigará a todos aquellos funcionarios que hayan cometido delitos de lesa humanidad.

Cabe destacar que defensores de derechos humanos en el país, aplaudieron la iniciativa de la CPI y aseguran que era justa y necesaria la instalación de esta oficina, pues a su juicio, este hecho podría frenar en gran medida los excesos que cometen los funcionarios del régimen gobernante.

Alí Daniels, abogado, profesor universitario y director de la ONG Acceso a la Justicia, explicó que al instalarse esta oficina en Venezuela, el gobierno de Nicolás Maduro está aceptando, de una u otra manera, la investigación contra delitos de lesa humanidad.

“Era y es necesario que se abra una oficina de la CPI en el país. Hay que aclarar que no fue la Corte Penal quien dijo, me voy a Venezuela a poner una oficina porque me parece, esto fue acordado con el gobierno y el poder judicial, lo que se traduce en que el gobierno está aceptando la investigación. El Fiscal Tarek William Saab, aseguró que en Venezuela hay justicia, pero si la justicia a la que se refiere es la misma que hizo que asesinaran a Fernando Albán y solo condenó a 2 años a los responsables del crimen, pues se entiende mucho más por qué la Corte Penal está en Venezuela”, detalló.

Precisó que la oficina en Venezuela es la segunda instalada en un país del continente, ya que Colombia fue pionera, cuando instaló el proceso que fue denominado “Justicia Especial para la Paz”.

“La CPI ha abierto oficina en varios países del mundo, sobre todo en el continente africano, sin embargo, Colombia fue pionera en el continente. Cuando se realizó el proceso de paz en ese país, la Corte instaló una oficina de asistencia técnica, incluso la Fiscal Bensouda quien inició la investigación de Venezuela, participó muy activamente en esa oficina, para colaborar con este esfuerzo colombiano de instaurar la paz, pero haciendo justicia de manera correcta”, dijo,

Aclaró que la oficina tendrá muy clara su misión, la cual consiste en la asistencia técnica, tanto para el gobierno, como para los demandantes del gobierno.

“No necesariamente va a haber una apertura inicial para casos nuevos, pero sí para transmitir conocimiento y evaluar, porque claro, yo no puedo decirle al gobierno qué es lo que ha hecho mal si no evaluó los casos que el gobierno dice que son justicia. El primer perfil de la oficina va a ser un perfil de capacitación, pero ojo, y esto quiero aclararlo, esto hay que verlo como una empresa, es decir, una cosa de lo que hace la Gerencia de Recursos Humanos y otra cosa en la que hace la Gerencia de Producción, el hecho de que la oficina se dedica exclusivamente o fundamentalmente a temas de capacitación no quiere decir que la fiscalía en general no vaya a seguir investigando”, puntualizó.

Se debe definir el alcance

Un grupo de ONG defensoras de DD.HH., lideradas por COFAVIC, exhortaron a la Corte Penal Internacional a que defina “muy bien”, el alcance de esta oficina de asistencia técnica en Venezuela.

“Consideramos necesario enfatizar algunos aspectos esenciales al respecto: La necesidad de contar con una Oficina efectiva, que pueda cumplir con su mandato a cabalidad. Confiamos en el valor de la presencia local de la CPI a través de una oficina descentralizada. Para ello, hacemos un llamado a que la misma esté dotada del presupuesto necesario para poder tener un impacto real y significativo. Asimismo, esperamos que dicha oficina esté debidamente representada por un personal de alto nivel, con la experticia y el conocimiento de la situación sobre el terreno. Saludamos los anuncios realizados en torno a asegurar la cooperación por parte de las autoridades nacionales para la instalación de dicha oficina, así como para la entrada al país y libre circulación de su personal. No obstante, nuestras organizaciones han notado con preocupación, el reducido presupuesto y personal de otras oficinas descentralizadas de la CPI en el pasado, por lo que alertamos sobre tales riesgos y pedimos se hagan todos los esfuerzos para asegurar una oficina que pueda trabajar de modo oportuno, seguro, efectivo, e independiente”, precisan los defensores.

Asimismo consideran que la Oficina trabaje con todos los actores claves, en materia judicial y de DD.HH.

“Si bien reconocemos la intención de la Oficina de la Fiscalía de estrechar lazos de cooperación con otros actores internacionales claves en el marco de la investigación en Venezuela, incluyendo la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), consideramos esencial que la Oficina descentralizada establezca también una relación de trabajo y una cooperación efectiva con otros actores, tales como la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela (“MII”), la cual ha documentado fehacientemente los crímenes internacionales cometidos en Venezuela, así como el estado actual del poder judicial”, insisten.

Añaden que existe “la necesidad de que la Oficina pueda constituir un espacio de diálogo genuino y seguro con víctimas, sus familiares, sus representantes, así como con la sociedad civil. La interacción de la Fiscalía con la sociedad civil venezolana, pero, sobre todo, con las víctimas, sobrevivientes, sus familiares, y sus representantes, es un asunto de enorme relevancia. En este sentido, manifestamos nuestra preocupación por los pocos espacios de interacción con la sociedad civil que se han suscitado por parte de la gestión del Fiscal Khan en el marco de sus dos visitas a Venezuela. Hacemos un llamado a que la Oficina de la Fiscalía pueda generar espacios seguros y transparentes de diálogo con las víctimas y la sociedad civil en Venezuela, con las debidas garantías ofrecidas por parte del gobierno de que no se ejercerán represalias en contra de quienes se acerquen y cooperen con dicha oficina. Asimismo, reiteramos a la Oficina de la Fiscalía nuestro firme interés de continuar un diálogo fluido en todos los espacios de interacción posibles, incluyendo en La Haya”.

En la carta enviada al Fiscal Karim Khan, las 17 organizaciones también expresaron su preocupación sobre el trabajo que viene haciendo el organismo internacional con el sistema de justicia venezolano.

“Manifestamos nuestra profunda preocupación sobre la forma en que la Fiscalía de la CPI vislumbra su trabajo con el actual sistema judicial venezolano. De acuerdo a lo expresado en sus comunicados, parece asumir que el actual sistema judicial venezolano podrá llevar a cabo, de modo independiente, y con voluntad genuina, investigaciones en torno a crímenes de lesa humanidad y graves violaciones a los derechos humanos. Como es de su conocimiento, y como lo ha destacado la MII, el actual sistema judicial está severamente cuestionado, no solamente porque su conformación incumple los estándares mínimos de imparcialidad e independencia, sino que además ha sido una pieza clave en la política de represión y afianzamiento de la impunidad”, sostienen.

Igualmente alertaron sobre la incertidumbre que hay en torno al rumbo de la investigación contra el gobierno de Nicolás Maduro.

“En relación a las garantías que el Estatuto de Roma ofrece en torno a la complementariedad, incluyendo las medidas a la luz de los artículos 18 y 19, nos preocupa la falta de claridad del rumbo de la investigación en Venezuela, incluyendo los potenciales casos y presuntos responsables a ser investigados por la Fiscalía de la CPI. Es muy inquietante la falta de claridad sobre una idea fundamental: que la investigación en la CPI va a continuar. El lenguaje utilizado en el referido comunicado del Fiscal Khan en torno a que la investigación no es una vía “uni-direccional”, requiere mayor precisión. Del mismo modo es muy importante que se hagan públicas las conclusiones y los parámetros de la Fiscalía que motivaron la apertura de una investigación”, sentencian las ONG.

Llevaremos el caso Tarazona a la nueva oficina

Elías Cáceres, politólogo y miembro del Observatorio de Derechos Humanos de Fundaredes, reveló que presentarán el caso de Javier Tarazona a la nueva oficina de la CPI en Venezuela, a la brevedad posible.

“Nosotros hemos acudido a todas las instancias nacionales y también a las organismos internacionales para denunciar la detención arbitraria de Javier Tarazona, por parte del gobierno venezolano. Ahora acudiremos a la nueva oficina de la CPI para levantar nuestra voz y exponer la violación de DD.HH. que se viene cometiendo con el directivo de Fundaredes, quien lleva más de 280 días detenido sin ningún tipo de justificación”, dijo.

Al ser consultado sobre el estado de salud de Tarazona, indicó que tiene problemas de hipertensión y diabetes, y las autoridades hacen caso omiso a la petición de familiares quienes exigen, en primer lugar la libertad plena y en segundo lugar una atención médica oportuna.

“Les recordamos que él no está muy bien de salud, y el Estado ha hecho caso omiso a lo que desde la organización hemos denunciado”, indicó.

Finalmente, Elías Cáceres pidió a los organismos internacionales de DD.HH., que ejerzan presión para que Tarazona y los más de 240 presos políticos en el país, obtengan justicia y se les otorgue la libertad plena lo más pronto posible.

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