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En Venezuela: Las enfermedades son la principal causa de muertes en los Centros de Detención Preventiva

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El 21 de junio del año 2021, Nicolás Maduro anunciaba al país la creación de una comisión para realizar una “revolución judicial” en Venezuela, la cual debía llevarse a cabo en 2 meses y el responsable de dicha instancia, era nada más y nada menos que el vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello. 

Luego de realizar un exhaustivo seguimiento al trabajo emprendido por la referida comisión, Una Ventana a la Libertad (UVL) determinó que la instancia no logró en 60 días acabar con el hacinamiento que existe en los calabozos policiales de todo el país y pudo corroborar que el régimen gobernante no garantiza los derechos humanos de la población penitenciaria. 

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Según revela un informe de la ONG publicado recientemente, durante el primer semestre de este año 2022 al menos 62 reclusos que estaban detenidos en calabozos policiales en Venezuela murieron. Al igual que el año anterior se pudo confirmar que la principal causa de muerte en los Centros de Detención Preventiva (CDP) de Venezuela, son las enfermedades.

Del total de las defunciones 55 fueron por complicaciones en la salud con tuberculosis, desnutrición, COVID-19, infartos, bronquitis, convulsiones, insuficiencia renal y Accidentes Cerebrovasculares (ACV). 

El resto de las muertes confirmadas entre enero y junio del año en curso corresponden a riñas, con cuatro casos, muertos por fuga y recaptura, con dos casos y un recluso fallecido por abuso de funcionario.

En 335 calabozos policiales monitoreados en toda Venezuela por los investigadores de UVL se determinó que 347 privados de libertad tienen tuberculosis; 1.116 reclusos tienen escabiosis; 1.075 detenidos han presentado gripe; 33 personas han tenido COVID-19 y 53 internos tienen VIH. 

“El monitoreo del primer semestre del año 2022 alcanzó a cubrir 335 calabozos alrededor del país, es decir un 10.93% más de los 302 cubiertos en el 2° semestre del año 2021. El estado Miranda con sus tres investigadoras cubrió 34 Centros de Detención Preventiva; en segundo lugar, el estado Zulia y el estado Bolívar cubrieron 31 CDP. Luego tenemos al Distrito Capital cubriendo 27 CDP y 20 el estado Nueva Esparta. Estos son los estados que cubrieron mayor número de Centros de Detención Preventiva”, precisa la investigación publicada por la ONG. 

Como en periodos estudiados anteriormente por el equipo de Una Ventana a la Libertad, el hacinamiento es una de las principales razones de la propagación de las enfermedades. En las prisiones preventivas, se registró un 156,54 % hacinamiento, pues 16.778 reclusos estaban detenidos en espacios que tienen capacidad de albergar a 10.718 personas por un lapso de 48 horas mientras son presentadas en tribunales. 

Sumado a las enfermedades y el hacinamiento, en el primer semestre de 2022 se registraron al menos 373 casos de extorsión por parte de funcionarios policiales encargados de la custodia en los CDP. 

“El Poder Judicial pone en evidencia que no es posible resolver el problema del hacinamiento con medidas improvisadas que terminan de destruir al debido proceso, víctima principal del sistema imperante en los CDP. Esta es la causa del hacinamiento y, a su vez, la víctima de las medidas politiqueras gatopardianas que no buscan resolver los problemas, sino cubrirlos con una expresión de ya hice lo que había que hacer”, puntualiza la investigación de UVL. 

Causas de ingreso a los CDP

El informe destaca que es importante fijarse en el tipo de delito que ha cometido la población reclusa como causa de ingreso; robos / hurtos (259 o 19.26%) y homicidios (208 o 15.46%), mantienen las cifras más significativas. Pero, lo más resaltante es que  continúan siendo altas las cifras de violencia de género (204 o 15.17%) y abuso infantil (154 o 11.60%). Por violencia de género hubo una disminución de dos casos.

Aunque las cifras no son exactas, debido a las limitantes que muchas veces se presentan para encontrar la información, las causas de ingreso se confirmaron de la siguiente manera: homicidios: 208; robos / hurtos: 259; secuestros: 139; extorsiones: 189; violencia de género: 204; abuso infantil: 156; tenencia / distribución de drogas: 190. 

El papel de la familia 

La investigación de Una Ventana para la Libertad, aborda un tema sumamente importante y es el papel que juegan los familiares de los presos en los Centros de Detención Preventiva, que también son víctimas de tratos inhumanos, degradantes y hasta extorsiones. 

“En el 92,24% de los CDP que fueron estudiados, los detenidos se alimentan gracias a la comida que llevan preparada sus familiares. Por otra parte, el 55,82% lleva a los detenidos alimentos para que sean preparados dentro de los recintos. En cuanto a la salud el 89.55% de los casos estudiados revela que son los familiares los que llevan las medicinas y 92.84% ingresa artículos de higiene personal. Obviamente los resultados no son excluyentes, muchos calabozos reciben ambos tipos de alimentos, preparados o para preparar. Lo que es resaltante es que el derecho a la alimentación no está garantizado por el Estado como es su deber, en un país en donde las familias de los sectores populares no tienen con qué alimentarse de manera correcta, y la desnutrición es común en sus hogares”, advierte UVL.

Con respecto a las extorsiones, precisan que en 108 de los CDP cobran por el ingreso de medicamentos, en 75 por el ingreso de alimentos, en 89 para trasladar a los detenidos por emergencias de salud y en 101 cobran incluso teniendo boleta de autorización de la Fiscalía. 

“Aun cuando estos números parecerían bajos porque ninguno alcanza el 50% de los CDP, pensemos solamente, que además de los gastos que deben asumir estas familias, también deben tener con qué pagar extorsiones, en muchos casos para llevar lo más básico: medicamentos y alimentos. Esto sucede en 183 CDP, es decir, el 54.6% de los 335 calabozos monitoreados durante el primer semestre 2022: si no pagan no hay comida ni medicamentos; otra imagen que habla de los infractores y violadores de derechos humanos que cobran las extorsiones -aun cuando sean pranes, custodios o simplemente policías-. Además, tener que pagar para que pueda realizarse un traslado de salud por emergencia, aun cuando tengan una orden fiscal autorizada es realmente inhumano. Este es parte del tratamiento que reciben las y los familiares de las personas detenidas”, indican. 

Añaden que también cobran extorsiones por visitas conyugales (75 CDP o 22.39%), en 50 CDP (14.93%) se cobra por hacer llamadas telefónicas y, aún peor, en 37 CDP (11.04%) se cobra por seguridad. 

“Aun cuando sean pocos los calabozos que informan de estas extorsiones, no son excluyentes y pueden suceder varias en los mismos calabozos. Además, ¿qué familia no movería cielo y tierra para conseguir el dinero para que le sea garantizada la seguridad a su familiar detenido/a?”, indican. 

Otra forma de castigar a la familia es aplicando medidas disciplinarias a las personas detenidas, las cuales generan un gran sufrimiento en las y los familiares y los detenidos. Por ejemplo, en 84 CDP (25.07%) aplican la negación de ingreso de alimentos y/o bebidas como medida disciplinaria y, en 123 calabozos (36.72%) se les aplican fuertes restricciones a las visitas. 

“Saber que no pueden comer, beber agua o tomar medicamentos si no los lleva ella o el miembro de la familia que cumpla esta tarea, es altamente torturante cuando esto no es permitido. No tenemos dudas de ello”, advierte la investigación.

No se ha solucionado el problema 

La principal conclusión del estudio de la ONG Una Ventana a la Libertad, es que la “Revolución Judicial” no ha logrado solucionar el problema del hacinamiento y mucho menos garantiza los derechos humanos de los privados de libertad en Centros de Detención Preventiva. 

“La violación de los derechos humanos fundamentales de las personas detenidas, se mantiene. El Estado sigue sin asumir su responsabilidad por la vida y calidad de vida de estas personas, y lo peor, el Debido Proceso continúa casi totalmente detenido, victimizando más a quienes están dentro de los Centros de Detención Preventiva, como a sus familias, que han terminado siendo víctimas por parentesco. Sin políticas públicas planificadas por personas con suficiente conocimiento, este y todos los problemas de los CDP y las Prisiones no van a ser resueltos”, concluye el informe.  

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