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Más del 90% de los adultos mayores en el país no tiene acceso a la salud privada 

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La Asociación Civil Convite presentó el pasado jueves 16 de septiembre su más reciente investigación relacionada con las condiciones de vida y salud de los adultos mayores o como también son identificados, personas de la tercera edad. 

El estudio revela que 93% de los adultos mayores en Venezuela no poseen una póliza de salud privada, por lo que se ven obligados a acudir a hospitales o Centros de Diagnóstico Integral (CDI)  los cuales dependen del sector público. Igualmente los consultados explicaron que buscan atención médica en ambulatorios dependientes de municipios o centros de salud semiprivados o subsidiados que ofrecen atención primaria a un costo mucho menor que una clínica privada. 

“Vimos como resultado unas cifras alarmantes, de 93% de las personas que entrevistamos no cuenta con una póliza de servicio de salud privada, lo que los obliga necesariamente, cuando tienen un problema de salud, a asistir a la red pública de salud”, explicó Francelia Ruíz gerente de proyectos de Convite. 

La especialista  asegura que el sistema público nacional de salud se caracteriza por su precariedad y no cuenta con los recursos necesarios para ofrecer atención de calidad a las personas de la tercera edad y tampoco a los ciudadanos más jóvenes. 

“El sistema de salud en Venezuela es una red plagada de precariedad, donde a veces vamos por un padecimiento y salimos con otra enfermedad distinta. Muchas veces estos centros de atención pública no tienen ascensores, sillas de rueda o las áreas no son amigables para las personas mayores que necesariamente deben asistir para allá”, indicó.

En cuanto a las enfermedades más comunes entre los adultos mayores, el estudio ubica a la hipertensión, la insuficiencia venosa y las cardiopatías como las tres primeras. El 78% de los entrevistados debe tomar algún tipo de medicamento, pero solo 8% puede adquirirlo con facilidad, mientras que 46% dice que lo compra con dificultad.

Además, 58% no va con la regularidad adecuada a sus controles médicos, pues solo va por emergencias o dolencias impostergables.

Dependencia de terceros

Según la Evaluación de condiciones de vida y salud de las personas mayores en Venezuela 2022, para la que se realizaron 3.058 encuestas en 18 estados, 67% de las personas mayores indicaron que perciben entre 10 y 50 dólares mensuales, pero la mayoría estimó que sus gastos superan los 100 dólares al mes, destinados principalmente a la alimentación. 

Al preguntarles cómo logran cubrir otros gastos, 73% de las personas mayores reportaron que reciben apoyo de sus familiares a través de remesas enviadas desde el extranjero.  

“91% de las personas encuestadas respondieron que es costoso vivir y mantenerse económicamente en Venezuela, y la mayoría respondió que no sabe por cuánto tiempo más podrá sobrellevar la situación”, afirmó Yanireth Fernández, coordinadora de investigación de Convite.

La investigación revela igualmente que el número de personas mayores que trabajan aumentó entre 2021 y 2022. Para este año, 38% de los encuestados destacaron que han vuelto a trabajar, principalmente en el sector informal, mientras que la cifra se mantuvo en 28% en 2021. 

“Que exista un porcentaje de personas que se hayan incorporado nuevamente al ámbito laboral supone que el ingreso que recibían ya no les alcanza y que debieron salir del retiro para incorporarse nuevamente la ejercicio laboral, con las inseguridades que eso supone”, explicó Ruíz. 

Añadió que al formar parte de la economía informal, las personas de la tercera edad no reciben los beneficios que merecen por su trabajo. 

“Eso tiene unos riesgos fundamentales, porque son personas mayores de 60 años, haciendo trabajos domésticos con remuneraciones precarias, carentes de seguridad social y prestaciones salariales, además, personas mayores trabajando en la buhonería o haciendo oficios, lo que supone que viven al día, porque los ingresos que reciben son escasos”, alertó. 

En cuanto a las pensiones y ayudas del gobierno, la gran mayoría de los consultados aseguraron que no son suficientes para satisfacer las necesidades básicas de alimentación y compra de medicinas. 

«68% percibe la protección social como deficiente. Es una estadística que debe tomar en cuenta el Estado venezolano para que las personas mayores sean incorporadas en sus agendas políticas, programáticas. No solamente es niños, niñas y adolescentes, mujeres e indígenas, sino también las personas mayores. La población está envejeciendo», indicó Yanireth Fernández.

El peor país para envejecer 

Luis Francisco Cabeza, director general de Convite, aseguró que Venezuela sigue siendo el peor país del continente para envejecer y esto a su juicio  debe cambiar. 

“Esta investigación arrojó una multidiversa forma de vulneración de derechos de las personas mayores. Venezuela sigue siendo el peor país del continente para envejecer. Hay unos vacíos de protección, hay un número importante de personas mayores que dicen que no podrían llevar sus vidas sin el apoyo de otros”, expresó.

Ante esta situación, invitó a la población en general a fortalecer la lucha de este sector poblacional, en su exigencia al Estado venezolano para que garantice el cumplimiento de sus derechos y la satisfacción de sus necesidades.

“Es importante seguir denunciando y demandando el respeto de los derechos sociales de los pensionados y jubilados. No hay protección por parte de Estado venezolano hacia esta población”, insistió.

La asociación civil también realizó una medición en lo que respecta a la caja CLAP, donde los encuestados refirieron que “no les cubre el mes, otras veces intercambian los productos. Dejaron de comer pescado. El Estado venezolano niega el derecho a envejecer y morir con dignidad, cuando el Estado debe garantizar los derechos humanos de este grupo poblacional”.

Finalmente, Francelia Ruiz exigió al Estado venezolano que diseñe con urgencia un plan nacional de envejecimiento que permita envejecer con dignidad, con derechos garantizados y con calidad de vida.

Los representantes de Convite igualmente llamaron a ratificar la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Persona Mayores y a adaptar el ordenamiento jurídico interno para que se respeten sus derechos.

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