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Régimen de Maduro empeñado en criminalizar y acabar con las ONG en Venezuela

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En Venezuela desde hace aproximadamente 15 años se inició una campaña de descrédito contra defensores de Derechos Humanos y activistas agrupados en Organizaciones No Gubernamentales, con el fin de esconder la crisis humanitaria compleja que existe en nuestro país y la violación de derechos fundamentales que ha dejado millones de víctimas.

En la actualidad, la Asamblea Nacional de mayoría oficialista, está discutiendo el proyecto de ley de Cooperación Internacional (PLCI), el cual busca acorralar a todas aquellas ONG que reciben financiamiento de otras naciones y que gracias a ello, pueden llevar a cabo un gran número de iniciativas que ayudan a millones de venezolanos vulnerables.

El Foro por la Vida, integrad por más de 15 ONG entre las que se encuentran el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello, el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), Espacio Público, el Programa Venezolano Educación – Acción en Derechos Humanos (PROVEA), el Comité de familiares de víctimas de los sucesos de febrero y marzo de 1989 (COFAVIC), entre otros, rechazaron el proyecto de ley porque a su juicio plantea graves restricciones a la actividad de las Organizaciones No Gubernamentales y es una amenaza para su trabajo en beneficio de la sociedad venezolana.

“El PLCI criminaliza especialmente la solidaridad con los sectores populares venezolanos que son los principales beneficiarios de la cooperación internacional y afecta el desarrollo, esencia y actividades independientes de las diversas asociaciones que trabajan en el país”, sostienen.

Explican además que las Organizaciones No Gubernamentales contribuyen con la sociedad, especialmente con las personas más vulnerables. “Este trabajo incluye el acompañamiento de las víctimas de violaciones de los derechos humanos, acciones de capacitación y formación, impulso del desarrollo social, promoción del deporte, la ciencia y la salud. Antes que restricciones el espacio cívico está urgido de respeto y protección por parte de las autoridades nacionales”.

Recuerdan que para el año 2006 fue aprobado en primera discusión un PLCI, que condicionaba el acceso a los fondos de cooperación internacional. Posteriormente, en los años 2010 y 2015 se propuso nuevamente su discusión.

“En cada una de estas ocasiones, el PLCI ha vulnerado la Constitución venezolana, así como los estándares internacionales sobre el derecho a la asociación, participación, no discriminación, debido proceso y reserva legal. Este proyecto estatiza la cooperación internacional al pretender definir las áreas del “Plan Nacional de Desarrollo”, e impone a las ONG requisitos adicionales a los controles públicos ya existentes mediante amplios mecanismos de registro, auditorías, entrega de información y sanciones de ilegalización”, precisan.

Las organizaciones que integran el Foro por la Vida cuestionan varios aspectos que establece la iniciativa legal

“En primer lugar, excluye los derechos humanos como área legítima de cooperación y amenaza a las organizaciones con un registro obligatorio en el “Sistema Integrado de Registro de organizaciones no gubernamentales” (Artículo 18), en virtud del cual deberán suministrar “a las autoridades competentes, así como a cualquier ciudadano que lo solicite, la información y datos sobre su constitución, estatutos, actividades que realizan, proveniencia, administración y destino de sus recursos (…). El proyecto presupone la ilegalidad en las actividades de las organizaciones al exigirles entregar toda su información al Estado”, puntualizan.

Añaden que “en segundo lugar, el Artículo 11 otorga al Ejecutivo Nacional la facultad de crear un “órgano técnico especial” encargado de la “captación, prestación y administración de recursos que provengan o sean destinados a actividades de cooperación internacional. Este control legitima la disposición de los fondos de las organizaciones y su adjudicación a discreción”.

Criminalización de las ONG

Adicionalmente, cuestionan el Artículo 26 ya que incorpora sanciones que pueden acarrear hasta la “eliminación definitiva” de las Organizaciones No Gubernamentales, fundaciones o asociaciones sin fines de lucro, públicas o privadas que, a criterio del Ejecutivo, “de manera directa o indirecta, promuevan o participen con otras asociaciones, organizaciones, gobiernos u organismos internacionales, en la aplicación de medidas coercitivas unilaterales contra la República”.

“La ley criminaliza de este modo la acción de las ONG de derechos humanos y las estigmatiza en sus posibles interacciones con otros países o entidades de la comunidad internacional”, señalan.

Advierten igualmente sobre los grandes daños que esta ley podría producir a las ONG en un contexto de cierre del espacio cívico, pues, de acuerdo con el Artículo 11 del PLCI, el Ejecutivo podría cambiar a su discreción la reglamentación mediante la cual establece los lineamientos y políticas de la cooperación internacional, lo que agravaría las condiciones de operación.

“Por tal razón, resulta preocupante que la normativa utilice un lenguaje impreciso para limitar la libertad de asociación, expresión, participación política e igualdad ante la ley. En consecuencia, estas restricciones afectarían a los ciudadanos más vulnerables, quienes son los principales beneficiarios de las ONG”, argumentan.

Explican también que de conservar una estructura que resguarda la garantía de los derechos humanos, el proyecto de ley es una reedición de la tesis del enemigo interno que despoja a la población venezolana de los recursos y mecanismos de protección internacional en medio de la emergencia humanitaria compleja.

“Cercenar la actividad de las organizaciones significa privar a las víctimas de derechos humanos y los sectores más vulnerables del alcance de la justicia, reparación y solidaridad”, indican.

Finalmente, las organizaciones que integramos el Foro por la Vida exigen respeto y garantías para el trabajo de las ONG y los derechos de las víctimas y personas más necesitadas del país.

Asistencia humanitaria en jaque

El Observatorio Social Humanitario (OSH) realizó este viernes 13 de mayo una rueda de prensa para profundizar en las implicaciones que tendría la aprobación de un instrumento como este, en la labor de las organizaciones de derechos humanos y asistencia humanitaria en el país.

Según cifras de la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas, la respuesta humanitaria en Venezuela alcanzó en 2021 a 4,5 millones de personas, el proyecto de Ley de Cooperación Internacional amenaza la atención de venezolanos en estado de vulnerabilidad.

“La pretensión de imponer una Ley que criminaliza la acción de las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) en el país representa una amenaza a la libertad de asociación, la reducción del espacio cívico, a la vez que agrava las condiciones de operación de las distintas organizaciones que trabajan en la atención de los más vulnerables”, aseguran.

Marianna Romero, directora del Centro para los Defensores y la Justicia (CDJ), aseguró que este tipo de Leyes han sido discutidas e incluso aprobadas en primera discusión en la Asamblea Nacional por parte de actores del chavismo, por lo que no se trata de un instrumento “nuevo”.

Su principal preocupación se centra en los términos tan ambiguos y la discrecionalidad de esta Ley y la arbitrariedad bajo la cual puede ser aplicada, porque a su juicio establece que dependiendo de los intereses que pueda considerar el Ejecutivo generará mayores controles y obstáculos para el desarrollo legítimo de las organizaciones.

“La cooperación internacional es un derecho establecido en la normativa internacional. Más allá de recursos económicos, implica la asistencia técnica y relacionarse con organismos internacionales. El instrumento va en contra de esto porque las organizaciones visibilizan las violaciones a los DDHH y las necesidades humanitarias. Se pretende criminalizar una labor que es plenamente legítima” expresó.

Romero insistió en las consecuencias que esta Ley tendrá en los ciudadanos “cuando se afecta el trabajo de la sociedad, más allá del impacto directo que tiene en las organizaciones, es una violación más a los derechos de las víctimas que ya se encuentran en desprotección. (…) esta amenaza es importante visibilizarla porque las agresiones siguen”. En ese sentido, aseguró que en lo que va de año, CDJ ha registrado al menos 98 agresiones este tipo contra organizaciones de la sociedad civil.

Por su parte, Alí Daniels, director de la ONG Acceso a la Justicia calificó el proyecto de Ley como muy confuso por su terminología, y aseguró que tiene falta de coherencia interna para poder hacer una interpretación clara de la norma “pone a la ayuda humanitaria como una de las modalidades de cooperación, como una parte de la ayuda para el desarrollo (…) pero esto es cuando existen elementos de infraestructura y humano que están funcionando en el país. Una emergencia humanitaria implica una inexistencia del Estado donde tiene que prestar servicios fundamentales”.

Sostuvo que en Venezuela hay vacíos del Estado graves en materia humanitaria “la ayuda para el desarrollo no puede ser el género y la ayuda humanitaria la especie, porque son situaciones distintas al igual que sus metodologías de trabajo”.

Daniels alertó sobre cómo esta ley criminaliza la acción humanitaria y la defensa de los derechos humanos, “se pretende la instauración de un registro para las organizaciones para que estas tengan acceso a la cooperación internacional además que ahora cualquier ciudadano puede preguntar por los estatus de las organizaciones, no solo el Estado, y esto es absolutamente arbitrario, es peor que la Providencia contra el terrorismo, porque (…) yo con esto pienso en un colectivo que va a preguntar de dónde sacan el dinero, quiénes los financia, para qué”.

Deborah Van Berkel, presidenta de la Red Sinergia, explicó que la Ley busca “controlar recursos económicos, técnicos, de intercambio que puedan realizar de manera autónoma todas las organizaciones de la sociedad venezolana como ONG”.

Detalló que el alcance de esta Ley no solo afecta a las ONG, sino que también medios de comunicación, universidades, organizaciones religiosas y de atención social de iglesias, centros académicos, organizaciones que trabajan con formación política, y redes de organizaciones de base comunitarias que no están registradas formalmente pero que actúan en trabajo social verán limitadas sus funciones de llegarse a aprobar.

“De ser aprobado no es un proyecto más, esto va a generar la consolidación de un sistema político hegemónico, autoritario, que generará muchísimas más dificultades para que Venezuela pueda iniciar un proceso de recuperación y reinstitucionalización hacia la democracia. Más bien va a revertir ese escenario para el futuro de Venezuela. Estamos encarando una limitación para el desarrollo y la atención de necesidades urgentes” insistió Van Berkel.

Concluyó enfatizando que todos los esfuerzos de las organizaciones de la sociedad civil deben dirigirse a impedir que la Ley de Cooperación Internacional sea aprobada.

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