Régimen de Maduro mantiene  detenciones arbitrarias  y no tiene intenciones de rectificar 

Desde que la Corte Penal Internacional decidió abrir una investigación por delitos de lesa humanidad en Venezuela, el régimen de Nicolás Maduro ha bajado un poco la intensidad de la represión en el país, sin embargo, su política de detenciones arbitrarias se mantiene, sin importarle las exigencias realizadas por organismos internacional como la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU o la Corte Interamericana de Derechos Humanos que rechazan este tipo de acciones. 

El caso más reciente de detenciones arbitrarias se llevó a cabo el pasado 7 de junio de 2022, cuando funcionarios de la Policía Municipal de Chacao privaron de libertad a los jóvenes Carlos Maneiro, Luis Martínez, Jholbert Godoy y Argelia Rovaina por supuestamente vandalizar  el mural del artista Juvenal Ravelo, con unos grafitis en homenaje a Neomar Lander.

Los integrantes del partido político Voluntad Popular estuvieron desaparecidos por 48 horas hasta la tarde del 9 de junio cuando se confirmó que estaban detenidos en la sede de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) en Boleíta, Caracas.

La noche del mismo día fueron presentados por el fiscal 74 MP ante el Tribunal Penal Primero de Control del Área Metropolitana, no se les permitió defensa privada y en su lugar le fueron impuestos defensores públicos.

Fueron acusados de instigación al odio, asociación para delinquir y obstrucción de la vía pública, delitos ya comunes en los casos de detenciones en contextos de protestas.

Organizaciones defensoras de Derechos Humanos, activistas, dirigentes políticos, así como familiares y allegados a los detenidos en Chacao solicitaron su liberación inmediata, debido  a que no existen motivos penales para la privación de libertad. 

El procedimiento contra los jóvenes detenidos en Chacao se llevó a cabo sin una orden judicial. Tampoco fueron detenidos infraganti. 

Las leyes venezolanas no contemplan el grafiti como delito, mientras que las ordenanzas municipales sostienen que es una falta que puede ser remediada con el pago de una multa, algo que incluso confirmó el burgomaestre Gustavo Duque, a través de un vídeo publicado en sus redes sociales y en las del municipio. 

La abogada y defensora de los Derechos Humanos, Ana Leonor Acosta, informó que los  jóvenes detenidos en Chacao fueron liberados en la tarde de este viernes por el tribunal primero  de Control, sin embargo, deberán presentarse periódicamente en tribunales, ya que se les aplicó una medida sustitutiva de libertad y no libertad plena. 

Rechazo colectivo 

Ante esta nueva arremetida por parte de las autoridades nacionales, distintos sectores de la sociedad rechazaron estas detenciones arbitrarias. 

A través de un comunicado público, el partido Voluntad Popular, alertó al mundo que el régimen de Nicolás Maduro mantuvo durante cuatro días desparecidos y tras las rejas a cuatro jóvenes del partido por el simple hecho de conmemorar a los mártires opositores  en un acto realizado el 7 de junio.

“Lamentamos que Luis Martínez, Carlos Maneiro, Jholbert Godoy , Argelis Rovaina, y sus familias, así como cinco jóvenes venezolanos que ni siquiera formaban parte de la protesta pacífica, hayan sido entregados al régimen de Maduro por la Policía de Chacao, municipio dirigido por Gustavo Duque, quien tildó el hecho de vandalismo y justificó la detención”, precisó la tolda política. 

Aseguran que los jóvenes no debieron estar jamás tras las rejas

“Exigimos libertad plena para nuestros jóvenes. Someterlos a una desaparición forzada y mantenerlos en un centro de tortura, representa una clara violación a sus derechos humanos”, indica el comunicado. 

Desde VP, a pesar de la persecución,  aseguran que no desistirán  en ejercer nuestros derechos. “Exhortamos a no normalizar estos crímenes de lesa humanidad que ejecuta el régimen a la disidencia y hacemos un llamado claro a quienes, como Gustavo Duque, se hacen llamar demócratas, a asumir y actuar como tales”.

“Seguiremos alzando nuestra voz para exponer los atropellos de esta dictadura y, además, rechazamos cualquier intento de hacer creer que hay una falsa normalidad en el país, cuando aún existen presos políticos y los ciudadanos no pueden expresarse libremente. Este nuevo atropello contra nuestro partido, debe poner en evidencia el rol de los cómplices de la dictadura y cómo sus acciones pueden afectar los derechos humanos”, concluye el comunicado. 

El presidente interino de Venezuela, reconocido por al menos 50 países del mundo, Juan Guaidó, también rechazó la detención de los jóvenes. 

«La dictadura pretende borrar sus crímenes. Mantienen retenidos a Carlos Maneiro, Luis Martínez, Yorker Godoy y Argelia Robaina por rendir homenaje pacífico a un mártir, en el lugar que fue asesinado por la dictadura. Seguir luchando es un deber, no un delito», escribió Guaidó en Twitter.

Y añadió: «No asesinarán su memoria, ni la de Venezuela, por eso rendimos homenaje. A Neomar lo asesinó la dictadura y hoy seguimos luchando. La memoria histórica es garantizar NO-REPETICIÓN y la búsqueda de justicia. La dictadura no podrá invisibilizar tanto dolor ni borrar sus crímenes».

Por otra parte, el dirigente político Luis Palocz, condenó enérgicamente la detención por parte de Polichacao de cuatros estudiantes universitarios que protestaban pacíficamente en la mencionada jurisdicción. 

“Entregar a jóvenes a los cuerpos represivos te hace cómplice (…) Exigir justicia para quienes entregaron su vida por Venezuela no es delito”, aseguró Palocz. 

Asimismo, el portavoz denunció que Chacao se ve empañado por el accionar malicioso de factores que se hacen llamar de oposición. “¿Le entregan estos jóvenes a quienes asesinaron a Neomar, acaso quieren que terminen exactamente igual”, fustigó. 

El también presidente de la fundación Liderazgo por Venezuela aseveró que esto es parte del “autoritarismo vecinal” que se vive en la entidad mirandina, en relación a los continuos abusos de poder que comete el partido del actual alcalde.

Sin intenciones de rectificar

Acceso a la Justicia, asegura que a pesar de modificaciones de leyes y otras acciones que vienen realizando desde el gobierno, no existen verdaderas intenciones de rectificar las políticas represivas que han implementado desde hace varios años. 

«La reforma de las leyes parte de la falsa premisa de que los problemas que generaron y generan crímenes de lesa humanidad y violaciones de Derechos Humanos en Venezuela se originan en la deficiencia normativa y no en la existencia de políticas públicas que los hacen posibles», sentencian. 

La ONG mencionó cuatro casos, los del periodista Roland Carreño, el fotógrafo Carlos Germán Debiais García, los jubilados William Echarry y Ramón Blanco y el capitán retirado y abogado Juan Carlos Guillén, para ejemplificar cómo las reformas legales impulsadas por el oficialismo en los últimos meses no estaban sirviendo para impedir el retardo procesal que aqueja al Poder Judicial, las detenciones arbitrarias, las violaciones al debido proceso y otras irregularidades tan arraigadas y frecuentes en el sistema de justicia venezolano. 

En su investigación, igualmente advierten que la docena de leyes reformadas o aprobadas por la AN electa en diciembre de 2020 parece ser parte de una estrategia del Gobierno para bloquear las investigaciones por delitos de lesa humanidad que inició la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI).

«La República Bolivariana de Venezuela ha venido adoptando un conjunto de reformas normativas e institucionales para reforzar las capacidades nacionales para asegurar la efectiva administración de justicia, conforme a los estándares internacionales en esta materia», afirmó el entonces canciller Félix Plasencia en la carta que el pasado 15 de abril le envió al fiscal Karim Khan y en la cual le solicitaba que se inhibiera de continuar con sus averiguaciones sobre los hechos ocurridos en el país desde 2017, porque los mismos están siendo investigados por las autoridades nacionales.

Sin embargo, Khan hizo caso omiso de este argumento y ha solicitado a la Sala de Cuestiones Preliminares de la CPI permiso para continuar sus indagaciones.