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#Video El acceso al agua potable es un derecho humano perdido en el estado Lara (I)

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La severa crisis de servicios públicos golpea a los ciudadanos y su calidad de vida. Termómetro Nacional pone en primer plano la dura realidad de las regiones y su lucha incesante por lograr acceso a servicios esenciales como el agua, la electricidad o combustible. 

Lara es un estado agrícola que contra todo pronóstico ha garantizado la producción de hortalizas que abastecen el mercado nacional. Sin embargo, el difícil acceso a agua por tubería no solo afecta a los productores sino a los ciudadanos comunes, quienes han realizado 3.393 manifestaciones en lo que va de año. 

En esta primera entrega le presentamos la realidad de la región crepuscular y el clamor de los ciudadanos que están cansados de cargar tobos o esperar que llueva para almacenar agua. 

Un derecho humano

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El estado Lara durante los primeros seis meses de 2021 registró 283 protestas, cifra que según el informe de conflictividad social, tuvo un aumento del 24,03% en comparación al primer semestre del año 2020.

Aunque en la entidad larense los pancartazos y cierres de vías son frecuentes por las diversas carencias de servicios básicos, la calidad y suministro del agua es la mayor preocupación para los ciudadanos.

En tiempos de pandemia, las fallas de suministro de agua y el colapso de las cloacas se han agudizado. Por lo que todos los días, al menos una comunidad sale a reclamar sus derechos a un digno servicio de agua

La Constitución Nacional así lo expresa en su artículo 82. “Toda persona tiene derecho a una vivienda adecuada, segura, cómoda, higiénica, con servicios básicos esenciales que incluyan un hábitat que humanice las relaciones familiares, vecinales y comunitarias”. 

Por su parte, el artículo 117 de esta misma ley, expresa: “Toda persona tendrá derecho a disponer de bienes y servicios de calidad. Así como a una información adecuada y no engañosa sobre el contenido y características de los productos y servicios que consumen, a la libertad de elección y a un trato equitativo y digno. La ley establecerá los mecanismos necesarios para garantizar esos derechos. Las normas de control de calidad y cantidad de bienes y servicios, los procedimientos de defensa del público consumidor, el resarcimiento de los daños ocasionados y las sanciones correspondientes por la violación de estos derechos”.

El agua que sale de las tuberías ahora tiene color y olor

En marzo pasado se registró una falla en diferentes parroquias del municipio Iribarren, dejándolos sin servicio por más de diez días, los usuarios han insistido que el agua ahora trae barro y presenta mal olor.

El sector Santo Domingo, al noreste de Barquisimeto, protesta constantemente debido a que tiene más de un año esperando que la Hidrológica haga la instalación del sistema de acueductos. Antonia Ramirez, vocera de este sector, cuenta que en reiteradas oportunidades han realizado pancartazos fuera de la sede principal de Hidrolara o han cerrado las calles con la intención de ser escuchados. Las autoridades de esta institución pocas veces los ha atendido para repetirles que están esperando los recursos o la autorización para comenzar la obra; sin embargo, no hay día que esta comunidad vea un avance. Y en las zonas donde sí llega agua presenta un color amarillento, con barro u óxido y mal olor. 

Una pipa cuesta $1

Cortesía El Impulso

Aunado a la escasez de agua y la mala calidad, tener un pipa con agua limpia y apta para consumo, se ha convertido en un golpe al bolsillo.

Santo Domingo y sectores adyacentes corresponden a una población humilde y trabajadora, que, en su mayoría, depende de un sueldo mínimo o un ingreso que aún no es suficiente para cubrir la cesta básica. Pero, además de esta realidad, deben lidiar con los camiones cisternas que les llenan una pipa de 10 litros por un dólar.

Estas comunidades están relativamente cerca del Río Turbio y hay vecinos que se ven en la obligación de caminar hasta el río para llenar sus envases de agua que no ha sido tratada y que al consumirla se exponen a enfermedades estomacales o de piel.

“Si no fuese por las bondades de Dios, estaríamos secos. Nos toca llenar las pipas con agua de lluvia que corre de los techos. Sobre todo, la usamos para bañarnos, lavar los platos, bajar el baño o limpiar.  O caminar hasta el río con una carreta. Y así ves tanto a personas de 20 años como a abuelas y abuelos cargando su pipa hasta su casa. Aquí no sabemos lo que es tener agua por tuberías, no vivimos en ranchos. Queremos vivir dignamente, pero el gobierno no nos atiende. Estamos pasando las de Caín. No es justo, y más con la COVID-19, no podemos bañarnos con agua 100% limpia, no podemos consumir agua 100% apta”, dijo Antonia.

En Palavecino el pañito de agua son las tomas comunitarias

Cortesía El Impulso

En el municipio Palavecino hay más de 100 urbanizaciones privadas y más de 60 comunidades populares, las cuales con cada nueva gestión en la gobernación, se ven más afectadas con el suministro del agua por tuberías.

Blanca Ruiz, habitante de Las Mercedes, recuerda que durante la gestión del gobernador Luis Reyes Reyes, el agua en esa urbanización empezó a escasear dos veces por semana. Al gobernar Henri Falcón, tenían agua por tuberías 2 veces por semana y luego 1 vez cada 7 días. Al llegar Carmen Meléndez al mismo cargo, el servicio se afectó tanto que hubo parcelas que llegaron a pasar hasta 5 meses sin ver ni una gota porque no había cuadrilla que hiciera las reparaciones o los maniobristas no abrían la llave porque tenían un negocio en el que pedían colaboración para cumplir con el servicio.

Actualmente, en Palavecino existen más de 8 tomas de agua comunitarias a las que llegan vecinos de diferentes urbanizaciones a llenar sus pipas y botellones. 

Grace Castillo, habitante de Palavecino y vocera de la parroquia José Gregorio Bastidas para este reportaje, asegura que en este municipio se violan los derechos humanos.

“Estamos cansados de esta situación. Abusan de sus cargos, tienen corrompido el sistema. No puede ser que en cada avería debamos dar de nuestros pocos ingresos para que las cuadrillas puedan culminar alguna reparación, o ellos reparen cuando les da la gana. Las justificaciones de Hidrolara siempre serán la falta de presupuesto, que no tienen los materiales o falta de personal. Estamos en total abandono. Hay comunidades y urbanizaciones que tienen más de tres años sin que les llegue el agua. Eso no es lógico. ¿Cómo es posible que en vez de arreglar las bombas, los motores y las llaves para las maniobras, Hidrolara instale unos tubos en la calle para que la gente vaya a buscar agua? Tenemos un retraso social de 40 años”, dijo Grace.

Las aguas negras reinan las calles

En los primeros seis meses de este año, el norte de Barquisimeto, específicamente la comunidad Macías Mujica, ha protestado más de 40 veces denunciando cada una de las cloacas colapsadas que no han sido reparadas. 

Raúl García, vocero de este sector para este trabajo periodístico declaró que está cansado de vivir en medio del mal olor de las cloacas y la basura.

Además de que el aseo urbano se ha olvidado de esta comunidad, haciendo que proliferen focos de contaminación y aparezcan roedores e insectos venenosos, el problema de las cloacas colapsadas se agrava cada vez más.

Alrededor de 16 puntos de aguas negras están desbordadas, las cuales, generan mal olor y focos para la proliferación del zancudo patas blancas, y, además, potencia los riesgos de contagio de la COVID-19

Es importante destacar que Macías Mujica es uno de los sectores que desde principios de la pandemia, ha registrado alto índice de casos activos y fallecidos. Por lo que constantemente, sus habitantes exigen al gobierno nacional la aplicación de planes de vacunas masivas y la reparación de cloacas averiadas.

El mal servicio de agua potable es una violación a los derechos humanos 

Nelson Freitez, coordinador de la cátedra de Derechos Humanos en la Universidad Centrooccidental Lisandro Alvarado, afirma que en Venezuela se vive bajo una constante violación de derechos humanos, ya que no hay garantía del buen funcionamiento de los servicios básicos. “Todos debemos tener acceso al transporte público, al buen uso del sistema eléctrico, consumir agua potabilizada, ingresos dignos para cualquier estrato social. Los servicios deben satisfacer las necesidades básicas de la población y no lo estamos recibiendo. El Estado, que es el principal ente que debe garantizar que tengamos los servicios básicos, no lo está haciendo. No nos están dando servicios constantes ni de buena calidad y por eso afirmamos que el gobierno es el principal violador de los derechos humanos de los venezolanos”, insistió.

Esta realidad contrasta con lo establecido en la Ley Orgánica de los Servicios de Abastecimiento de Agua potable y de Saneamiento en su gaceta Oficial N° No 5.568 de fecha 31 de diciembre de 2001, que tiene por objeto “Regular la prestación de los servicios públicos de agua potable y de saneamiento, establecer su régimen de fiscalización, control y evaluación y promover su desarrollo”. 

En este contexto, Guillermo Palacios, diputado ante la Asamblea Nacional afirma que la corrupción gestada desde el gobierno nacional, es lo que ha impedido que en Venezuela funcionen los servicios básicos. 

“La ineficiencia y corrupción del régimen, ha impedido que los venezolanos tengamos calidad de vida. En el tema de los servicios públicos y concretamente en la prestación del servicio de agua, los venezolanos estamos en una crisis permanente. El agua no llega a las comunidades, no llega a las casas y por supuesto ni en calidad ni en cantidad suficiente que es un derecho humano que tenemos los ciudadanos”, declaró Palacios.

A su vez, insistió que la solución de este problema está en culminar las obras pendientes del embalse Dos Bocas y la represa Yacambú Quíbor; así como también, cumplir con el mantenimiento a la represa Los dos cerritos.

“Aquí, en el estado Lara, por la corrupción, se ha impedido que se complemente el servicio del agua con la culminación de la obra para la represa Yacambú Quíbor y la represa Dos bocas, que son dos obras fundamentales para que el suministro del agua sea eficiente. Y si a eso vamos, aquí hay obras hidráulicas importantísimas que están activas en el estado Lara como la represa Los dos Cerritos, la represa Cuatricentenaria, la represa Los Quediches, la represa La ermitaña, éstas últimas en el municipio Torres y resulta ser que no ha habido el mantenimiento adecuado, el mantenimiento correctivo no se ha aplicado porque la corrupción ha impedido que se ejecuten las medidas necesarias que impulsen una prestación de servicio con calidad y cantidad suficiente para los ciudadanos”, señaló el diputado.

A pesar de todo lo que el venezolano vive día a día, las comunidades continúan activas reclamando lo que por derecho constitucional y humano les corresponde. 

Los voceros de las comunidades insisten en que no bajarán la guardia hasta que el gobierno nacional cumpla con la dignificación de los servicios básicos , aún más cuando la protesta ha sido el único mecanismo eficiente para resolver, poco a poco, sus problemas más urgentes. 

Por Andreina Arraez

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