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Ante la falta de cooperación por parte del gobierno debe renovarse la Misión Internacional de Determinación de Hechos de la ONU

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El régimen de Nicolás Maduro ha sido señalado por presuntamente violar derechos humanos y esto ha traído como consecuencia que la Oficina del Alto Comisionado para los DDHH de la Organización de Naciones Unidas (ONU) y la Corte Penal Internacional, tengan una presencia en el país a través de misiones de investigación. 

La Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de la ONU fue creada en el año 2019 para Venezuela y su mandato terminará durante este mes de septiembre, no obstante, 125 organizaciones nacionales  e internacionales solicitaron de manera formal a la Oficina del Alto Comisionado de DDHH, que renueve de manera inmediata esta instancia por dos años más, con el fin de seguir investigando los delitos cometidos en el territorio nacional. 

Los expertos de la Misión presentarán su tercer informe durante la sesión 51 del Consejo de Derechos Humanos, desde el 12 de septiembre al 7 de octubre. Se requiere una resolución para extender el mandato después de septiembre. En el pasado, un grupo de países de América Latina lideraron esta iniciativa y presentaron un texto que establecía la adopción del mandato de la Misión. De someterse a votación, requerirá una mayoría simple de los miembros votantes para que se apruebe.

El Centro de Justicia y Paz explica que el Consejo de Derechos Humanos creó la misión de determinación de los hechos con el objeto de investigar “ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y torturas y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes cometidos desde 2014”, incluyendo violencia sexual y de género, con miras a “asegurar la plena rendición de cuentas de los autores y la justicia para las víctimas”. En 2020, el mandato inicial de un año que se había otorgado a la misión se extendió por otros dos años, hasta septiembre de 2022.

En 2020, la misión concluyó que había motivos suficientes para creer que en Venezuela se habían cometido crímenes de lesa humanidad, que “autoridades de alto nivel tenían conocimiento de esos delitos” y “jefes y superiores sabían o debían haber sabido de esos delitos y […] no tomaron medidas para impedirlos o reprimirlos”. En su segundo informe, publicado un año más tarde, la misión documentó la falta de independencia judicial y la impunidad por las violaciones de derechos humanos, y manifestó que el sistema judicial de Venezuela funcionaba como un mecanismo de represión en lugar de garante de derechos, alentando a los agentes del Estado a continuar perpetrando abusos.

Es importante la renovación

Beatriz Borges, directora ejecutiva de Centro de Justicia y Paz (Cepaz), afirmó que la renovación de la Misión de Determinación de Hechos sobre Venezuela es necesaria, porque en el país se siguen registrando grandes violaciones a los Derechos Humanos.

Resaltó que contar con esta Misión que realice investigaciones independientes sobre estas transgresiones a los derechos humanos en el país es muy importante a nivel internacional, especialmente porque Venezuela no cuenta con un sistema judicial imparcial e independiente que defienda los derechos de los ciudadanos.

“Es muy importante que esta misión sea renovada porque en los próximos dos años hay un contexto electoral en Venezuela y se ha podido demostrar que cuando comicios en nuestro país los índices de represión aumentan. Además existen un número importante de recomendaciones hechas por la Oficina del Alto Comisionado en materia de DDHH y el gobierno no ha cumplido con ninguna, por lo tanto, es fundamental que se sigan registrando e investigando estos hechos en nuestro país”, precisó. 

Para que la Misión de Determinación de Hechos sobre Venezuela sea renovada el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas evaluará la real cooperación del estado con sus recomendaciones. Además, tendrán en cuenta si se ha cumplido con los compromisos internacionales.

“Tenemos grandes expectativas con el nuevo Alto Comisionado para los DDHH el austriaco Volker Türk, a quien le pedimos que no baje la atención con respecto a la situación de Venezuela, porque insistimos, de las 43 recomendaciones que el organismo ha hecho las autoridades venezolana, no se ha cumplido ninguna, lo que demuestra que no hay cooperación”, precisó Borges. 

Puede ayudar al diálogo político

El documento conjunto que pide la renovación de la misión firmado por las 125 organizaciones explica que la misión de determinación de los hechos complementa y respalda el papel de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) y el de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI). También destaca que la misión puede ayudar a fortalecer las negociaciones políticas, ayudando a asegurar que cualquier discusión incluya un enfoque de derechos humanos que contribuya a mejorar la situación en Venezuela.

Las autoridades venezolanas están adoptando una estrategia de aparente colaboración —que no es genuina— con el Consejo de Derechos Humanos y los procedimientos de este organismo, tal como ocurrió en 2019 y 2020. No obstante, en su actualización oral de julio 2022, la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, informó que a su equipo ya no se le permite el acceso a dos centros de detención de Venezuela, Helicoide y Boleíta, ni a centros de detención militar donde los presos se encuentran arbitrariamente detenidos por motivos políticos.

Las autoridades tampoco pusieron en práctica recomendaciones que formularon varios expertos de los mecanismos de derechos humanos de la ONU. Las reformas al sistema de justicia anunciadas recientemente por las autoridades venezolanas no abordaron de modo significativo el grave daño causado a la independencia judicial, y no garantizan que se lleven a cabo investigaciones exhaustivas y eficaces de las violaciones de derechos humanos, explicaron las organizaciones.  

Lógica del enemigo interno 

Marianna Alexandra Romero, directora del Centro para los Defensores y la Justicia, asegura que las investigaciones de la Misión y sus conclusiones sobre distintos aspectos en torno a estos derechos han sido esenciales para las víctimas y sus procesos de búsqueda de justicia. Particularmente, la reducción del espacio cívico y democrático ha derivado en la inexistencia de un entorno propicio y seguro para el ejercicio de los derechos a la reunión, asociación, manifestación, expresión y defensa de derechos humanos en Venezuela.

Explica en un artículo de su autoría, que en los últimos años se ha evidenciado la profundización de la criminalización y represión en contra del movimiento de derechos humanos en el país bajo la lógica del enemigo interno. El Centro para los Defensores y la Justicia (CDJ) ha denunciado que estos hechos se constituyen como una política de Estado, cuyo resultado se refleja en el aumento de los ataques y agresiones en contra de los defensores de derechos humanos, con 1.445 agresiones documentadas entre 2019 y julio de 2022, según registros de la organización.

La Misión -en el marco de su proceso de investigación y los hallazgos que ha podido encontrar hasta el momento- ha definido distintos patrones represivos y cómo los mismos han afectado a la sociedad civil en Venezuela. En marzo de 2021, la Sra. Marta Valiñas, presidenta del órgano internacional, expresó ante el Consejo de Derechos Humanos que «el concepto estatal de `enemigo interno´ parece ser cada vez más amplio. La Misión de Determinación de los Hechos está preocupada por lo que parece ser una tendencia creciente: la persecución de personas y organizaciones no gubernamentales dedicadas a labores humanitarias y de derechos humanos».

Aunque la Misión, al igual que organismos internacionales, ha alertado y rechazado la criminalización en contra de personas y organizaciones defensoras de derechos humanos, el Estado venezolano ha seguido obstaculizando su labor, identificándose como principales patrones la estigmatización, intimidación, hostigamiento, amenazas, detenciones arbitrarias, entre otros. Adicionalmente, por ejercer el derecho a la cooperación internacional con organismos y organizaciones internacionales, incluida la Misión, y por la recepción de recursos extranjeros, el movimiento de derechos humanos ha sido objeto de represalias.

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