El embajador de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti, aseguró este jueves que no se mantiene en el cargo “por el fuero, ni por el sueldo”, luego de verse involucrado en un escándalo de supuestas interceptaciones telefónicas ilegales y pruebas de polígrafo que afectaron a la exjefa de gabinete de Gustavo Petro, Laura Sarabia.
Benedetti, quien es una de las personas más cercanas al presidente colombiano, presentó su renuncia al cargo el pasado 23 de junio, pero la Cancillería extendió su permanencia hasta el 19 de julio por razones administrativas y presupuestales.
El diplomático anunció que adelantará el proceso de entrega y empalme de la Embajada desde territorio colombiano y negó que se tratara de una estrategia para evadir la justicia.
Benedetti está siendo investigado por la Fiscalía colombiana por su presunta participación en los abusos de poder cometidos contra la antigua niñera que trabajaba para Sarabia, quien fue sometida a un interrogatorio ilegal en una dependencia de la Casa de Nariño, sede del Ejecutivo. Este hecho terminó con el suicidio del teniente coronel Óscar Dávila, quien supuestamente estuvo involucrado en el caso.
Además, en unos audios revelados por la revista Semana, Benedetti reclamó a Sarabia un mejor puesto en el Gobierno y aseguró que él gestionó 15.000 millones de pesos (unos 3,4 millones de dólares) para la campaña de Petro. También dijo que si contara quiénes financiaron la campaña en la costa atlántica, “nos hundimos todos, nos acabamos todos, nos vamos presos”.
Estas declaraciones generaron el rechazo del canciller colombiano, Álvaro Leyva, quien cuestionó las amenazas de Benedetti y lo calificó como “un drogadicto”.
Benedetti también tiene otros procesos judiciales pendientes que fueron remitidos a la Fiscalía cuando asumió su cargo en Venezuela. Sin embargo, el diplomático expresó su desconfianza hacia la magistrada Cristina Lombana, quien solicitó que se le devolvieran los expedientes a su despacho de la Corte Suprema de Justicia.
