miércoles 08, febrero 2023
Promedio de temperatura mensual

74 de 100

#Bolívar | Aplicación del instructivo Onapre motivó acciones de calle de trabajadores desamparados

Más artículos

Las protestas laborales marcaron la pauta en el estado Bolívar, este 2022. Luego del aumento de salario en el mes de marzo y la implementación del instructivo de la Oficina Nacional de Presupuesto (Onapre), los trabajadores públicos tomaron acciones de calle en Ciudad Bolívar, Ciudad Guayana, Upata y algunos otros municipios de la región.

Con sueldos minimizados, beneficios eliminados y violaciones a la libertad sindical, maestros, profesores universitarios, médicos, enfermeros, trabajadores de las empresas básicas, jubilados, pensionados y sobrevivientes reclamaron consecuentemente la restitución de los derechos laborales y el cumplimiento de la Constitución y las Convenciones Colectivas.

- Publicidad -

Con entregas de documentos en el Instituto Venezolana de Seguros Sociales, Defensoría del Pueblo, Inspectoría del Trabajo y la Fiscalía Superior, exigieron pensiones y sueldos dignos de acuerdo a lo establecido en el artículo 91 de la Constitución.

María Josefina Guerra, secretaria de Organización del Sindicato de Profesionales de la Docencia Colegio de Profesores de Venezuela (Sinprodo- CPV), en Bolívar y coordinadora del Comando Intersindical del Magisterio Guayanés, declaró que desde el 15 de marzo de 2022 los docentes dejaron de percibir beneficios contemplados en las contrataciones colectivas.

Pagos por antigüedad, de aspectos propios del ejercicio de la profesión y la ruralidad, entre otros fueron disminuidos hasta en un 50 %. Además, el retraso de la firma de la III Convención Colectiva alentó las manifestaciones del sector educativo.

“Durante este año exigimos un seguro médico digno y suficiente, los docentes nacionales reclaman también un seguro funerario ya que el aporte del Ministerio de Educación es de 500 bolívares que no alcanzan para nada”, sostuvo.

En las manifestaciones de los docentes que se extendieron hasta noviembre de 2022, la exigencia de un salario acorde a lo establecido en el artículo 91 de la Constitución se hizo presente.

Maestros, administrativos y obreros solicitaron que se mejore el tabulador. Los profesionales de la educación alegaron que el salario básico llega a un máximo de Bs. 450, 70 que perciben los docentes VI.

Las violaciones a la libertad sindical y las imposiciones de directivas en los centros educativos también motivaron reclamos. A los dirigentes sindicales en el estado Bolívar se les cercenó el derecho de visitar las escuelas públicas que en su mayoría se encuentran deterioradas.

Aida González, secretaria general del Colegio de Profesores de Venezuela seccional Caroní, manifestó que las protestas en el estado Bolívar fueron detonadas por el rechazo a la Onapre, la aniquilación de las contrataciones colectivas y el desconocimiento de los derechos laborales luego de la pretensión de cancelar un bono vacacional fraccionado.

Con varios días de acciones de calle desde la Plaza Monumento de Ciudad Guayana durante el mes de agosto, los maestros expresaron estar desconformes con el salario que perciben ya que solo les alcanza para comer.

Asimismo, condenaron las malas condiciones de las escuelas y liceos en los que siquiera hay agua o servicio eléctrico. González aseguró que la lucha de los maestros no solo fue por salario, también los motivo el cumplimiento del derecho a una educación de calidad.

Desprecio al sector universitario


En relación a los reclamos del sector educativo, los profesores universitarios también se unieron a las jornadas de protestas. Con concentraciones pacíficas desde el mes de julio, personal de la Universidad Nacional Experimental de Guayana (Uneg), la Universidad Nacional Experimental Politécnica Antonio José de Sucre (Unexpo) y la Universidad de Oriente (UDO), denunció el escamoteo de sus beneficios tras la implementación del instructivo Onapre y el memorándum 2792.

Raúl Brito, presidente de la Asociación de Profesores Universitarios de la Universidad Experimental de Guayana (Apuneg), aseguró que el sector universitario siente que el Gobierno vulneró sus derechos con salarios de hambre y la eliminación de presupuestos para seguro médico, transporte, Centros de Investigación y Formación, eventos sociales, comedores, becas, entre otros.

El secuestro de las retenciones y aportes de las cajas de ahorro, la cuota sindical y los bajos salarios también formaron parte de los reclamos.
“Un profesor universitario titular gana 550 bolívares, mientras que las autoridades mantienen una actitud silente”, dijo. También condenaron la exclusión de los universitarios jubilados de los beneficios de los activos, la minimización de las interescalas y la reducción de las primas de antigüedad y profesionalización hasta en un 20 %.

Ante los eventos de este 2022, Brito aseveró que las autoridades venezolanas sienten desprecio hacia los que estudian, sin embargo, sostuvo que el sector universitario representado en profesores, obreros, administrativos y estudiantes se mantiene en pie de lucha, resistiendo con valor.

Lucha por seguridad social

En todas las manifestaciones de este 2022, los jubilados, pensionados y sobrevivientes salieron a luchar por la seguridad social que afirman haber perdido luego de años de servicio en las distintas empresas e instituciones del Estado venezolano.

Desde mediados de año, la Federación de Asociaciones de Jubilados y Pensionados del estado Bolívar (Fedajupebol), liderada por Hugo Medina, quien también es presidente de la Asociación de Jubilados y Pensionados de Venalum (Ajupeve), se concentró a las afueras de la sede principal de la Corporación Venezolana de Guayana (CVG), en Puerto Ordaz para exigir el cumplimiento del artículo 91 de la Constitución.

Medina reiteró en todos sus llamados de atención que los adultos mayores en Venezuela viven en pobreza extrema con un salario mínimo que no les permite cubrir los alimentos de un solo día.

“Este gobierno en el mes de marzo de 2022 realizó un aumento de salario de más de 1.000 %, unos 30 dólares para ese momento y al día de hoy ese monto se convirtió en menos de 9 dólares mensuales contraviniendo todos los estudios realizados por los organismos internacionales que establecen que una persona que perciba 1, 90 dólares diarios esta en pobreza extrema”, señaló.

Agregó que el Gobierno de Nicolás Maduro solo oprime y en el caso de los trabajadores activos detalló que estos no reciben aumento de salario y les pagan bonos que no tienen incidencia salarial. Además, hay más de cuatro mil empleados de las empresas básicas que se mantienen fuera de planta sin percibir ningún beneficio bajo la figura de “no requerido”.

“Hay un plan de exterminio contra los trabajadores, especialmente contra los jubilados, pensionados y sobrevivientes cuando no les reconocen homologación de la pensión ni tampoco la consecución de la misma a los sobrevivientes”, detalló. Desde Fedajupebol alertaron también sobre el impago de las prestaciones sociales a los trabajadores en condición de jubilado.

Movilizaciones hacia las instituciones

Desde la coordinación del Comité de Derechos Humanos en Defensa de los Jubilados, Pensionados, Discapacitados y Adulto Mayor del estado Bolívar hubo movilizaciones desde el mes de marzo hacia distintas instituciones del Estado. El pago de pensiones a los jubilados residenciados en el exterior y una pensión que cubra la canasta básica fueron las principales peticiones.

José Castellanos, coordinador del Comité de Derechos Humanos en Defensa de los Jubilados, Pensionados, Discapacitados y Adulto Mayor del estado Bolívar, recalcó en varias oportunidades que las violaciones laborales y la aplicación de instructivos van en contra de las contrataciones colectivas que contemplan los beneficios de todos los trabajadores, activos y jubilados, dependientes de la administración pública.

“No abandonaremos la calle hasta que se cumpla con la ley, ningún venezolano debe ganar por debajo del costo de la canasta básica”, destacó Castellanos.

Salud privatizada

En el estado Bolívar, los trabajadores del sector salud también se fueron a las calles. Con manifestaciones frente al Complejo Hospitalario Ruiz y Páez en Ciudad Bolívar y con participación en diversas movilizaciones junto a otros sectores laborales, los trabajadores sanitarios exigieron salarios dignos y dotación de los centros de salud.

Camilo Torres, vicepresidente del Colegio de Enfermería en el estado Bolívar, argumentó que durante este 2022 los trabajadores de la salud exigieron y protestaron por el cumplimiento de la Constitución, la Ley del Trabajo y los contratos colectivos vigentes.

El dirigente argumentó que la salud se privatizó debido a la falta de insumos en los centros públicos donde los pacientes deben comprar todos los medicamentos necesarios para poder ser atendidos.

“La salud pública ha sido privatizada porque los pacientes deben comprar los medicamentos y realizarse los exámenes en centros de salud privados”, dijo.
En cuanto al salario, comentó que los trabajadores rechazaron el instructivo Onapre y el memorándum 2792 por quitarles el 70 % de los beneficios laborales. “Los trabajadores llevamos más de 7 solicitudes ante el Tribunal Supremo de Justicia y todas fueron declaradas inadmisibles, improcedentes”, expresó.

En relación a reclamos regionales, recordó que el personal sanitario del estado Bolívar también salió a las calles por el incumplimiento en el pago de 100 dólares prometido por el gobernador Ángel Marcano.

“Muchos quedaron por fuera y ese es un pago que nos merecíamos porque no hemos dejado de prestar el servicio aún y cuando nuestros salarios son de pobreza extrema”, lamentó.

Violaciones laborales

En Ciudad Guayana, otrora industrial, también hubo protestas dentro de las empresas en rechazo a las violaciones de los derechos constitucionales y a la criminalización de los reclamos.

Trabajadores de Masisa y del Complejo Siderúrgico Nacional Planta Casima manifestaron contra las vulneraciones de leyes con rango constitucional. En el caso de la trasnacional chilena, los empleados exigieron la indexación del salario que les permitiera tener calidad de vida, además, condenaron la criminalización de la protesta luego del arresto del trabajador Jean Mendoza y los despidos injustificados.

A su vez, rechazaron la falta de respuesta de las instituciones obligadas a responder las solicitudes de los trabajadores.

En cuanto a Planta Casima, antigua Sidetur, se desarrolló un conflicto durante el último trimestre del año en rechazo a los incumplimientos de beneficios laborales y a las persecuciones contra el personal. En medio de reclamos por mejoras salariales, pago puntual de horas extras y días libres trabajados, mejoras en las áreas de trabajo, a los trabajadores les suspendieron el transporte, mientras que otros fueron amedrentados por cuerpos de seguridad del Estado.

En otro caso, más de 35 trabajadores Planta Casima se movilizaron hasta la sede de la Fiscalía de Puerto Ordaz para exigir respuestas sobre las órdenes de reenganche ante despedidos injustificadamente.

El secretario general de Sidernac, Alejandro Álvarez, consignó el 19 de octubre un documento para solicitar la intervención de la Fiscalía 63 y 78 por las violaciones al derecho al trabajo, al salario, a la libertad sindical y al debido proceso.

De acuerdo con sus declaraciones, desde 2019 Planta Casima ha realizado una serie de despidos, todos ilegales e injustificados que han sometido a los trabajadores al desamparo ante la falta de atención de los entes gubernamentales.

- Publicidad -

Síguenos en

- Publicidad -

Recientes

- Publicidad -