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#Bolívar | Trabajadores públicos exigen respeto a los contratos colectivos y a los beneficios laborales

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Trabajadores públicos tomaron las calles de Ciudad Bolívar, municipio Angostura del Orinoco, este 9 de agosto.

En rechazo al instructivo de la Oficina Nacional de Presupuesto (Onapre) y del memorándum 2792, maestros, profesores universitarios, médicos, enfermeros, jubilados, pensionados, trabajadores de las empresas básicos, personal obrero y administrativo de la Universidad de Oriente (UDO), junto a dirigentes políticos y sociales, marcharon desde la sede del Decanato de la UDO hasta el Consejo Legislativo del estado Bolívar (Cleb), para exigir respeto a los contratos colectivos y a los beneficios laborales.

Eradio Armario, presidente del Sindicato Unitario de Magisterio (Suma Heres), informó que hicieron entrega de un documento ante las autoridades del Cleb para solicitar la intermediación de las autoridades en los reclamos laborales.

Ante la falta de respuestas a las solicitudes previas, indicó que los trabajadores públicos, especialmente los educadores siguen protestando en defensa de sus derechos laborales establecidos en los contratos colectivos y la Constitución.

El representante gremial, manifestó que el pago “chucuto” del bono vacacional y recreacional, el retardo en la firma del Contrato Colectivo, la minimización en las escalas de los tabuladores y tablas salariales, la desaparición de bonos como el de Simón Rodríguez, Alimentación y Transporte, el impago del bono de estabilización económico de 80 % no salarial y la disminución de los beneficios forman parte de los reclamos.

“Todo los que nos han quitado constituye una desmejora de casi el 70 % del salario de un trabajador”, dijo. Armario argumentó que, de no recibir respuestas, los maestros se han planteado no dar inicio al año escolar 2022- 2023.

Reivindicaciones laborales

María Josefina Guerra, secretaria de organización del Sindicato de Profesionales de la Docencia Colegio de Profesores de Venezuela (Sinprodo- CPV), en Bolívar y coordinadora del Comando Intersindical del magisterio guayanés, manifestó que siguen en las calles en reclamo de las reivindicaciones laborales y en rechazo a las violaciones continuas a los artículos 89, 91, 25, 26, 27 y 28 de la Constitución. Parte de las demandas de los educadores giran en torno al pago correcto del bono vacacional y recreacional.

Además, exigen la cancelación de una deuda que data de 2018 y la firma de III Convención Colectiva que se discute desde febrero de 2022.

“A la Oficina Nacional de Presupuesto le decimos que seguimos en la calle con la participación de todos los sectores a nivel nacional que se han querido sumar a estar lucha”, dijo. Guerra destacó que en el caso de los educadores hay una pérdida de salario significativa por el mal cálculo de primas y bonos.

Además, recordó que las autoridades deben un 280 % del contrato que se firmó en 2018.También reclaman la eliminación del seguro médico y funerario para los maestros.

En relación al pago fraccionado del bono vacacional y recreacional, aseguró que desconocen las condiciones de esta medida debido a la falta de comunicación con la ministra de Educación, Yelitze Santaella.

“Hasta que la ministra no se siente con las federaciones no se puede hablar de acuerdos de pago. Lo cierto es que no aceptaremos pagos de esa forma, los contratos colectivos son ley entre las partes, no hay otra interpretación y los beneficios deben ser cancelados tal y como está estipulado”, dijo.

Los maestros al igual que el resto de los trabajadores de la administración pública solo están luchando por recuperar su calidad de vida y obtener mejoras laborales.

Nefasta firma del acta 2792

A la jornada de protesta de este 9 de agosto se sumaron los jubilados y pensionados. José Castellanos, coordinador general del Comité de Derechos Humanos en Defensa de los Jubilados, Pensionados, Discapacitados y Adulto Mayor del estado Bolívar, expresó que los adultos mayores son “quizás” los más afectados por la “nefasta firma” del acta 2792.

Castellanos quien es jubilado de Alcasa, manifestó que luego de la implementación del memorándum 2792 a los trabajadores públicos les cambió la vida. “Yo gozaba de un salario digno, que me cubría todas mis necesidades, en reiteradas oportunidades fui atendido por mi seguro médico, así como mis familiares y nunca tuvimos problemas de ninguna clase, cubrimos todas nuestras actividades y necesidades, sin embargo, con la firma de ese documento 2792 nos eliminaron todos, absolutamente todos los derechos y beneficios, conquistas y demás bonos”, lamentó.

El coordinador del Comité por los Derechos Humanos, informó que actualmente está atravesando una complicada situación familiar que no puede solventar por los bajos ingresos que percibe.

“Mi esposa fue diagnosticada con cáncer de mama y no hemos podido lograr apoyo empresarial ni nada parecido para tratarla, todo esto gracias a que nos eliminaron todos los beneficios contractuales y demás conquistas, si tuviéramos el HCM, solventaríamos el problema inmediatamente”, aseguró.

En ese sentido, señaló que debido a la falta de respuestas de las autoridades, los trabajadores, jubilados y pensionados no tienen otra opción que no sea la de seguir en las calles reclamando sus derechos.

Pagos completos

Por su parte, Camilo Torres, vicepresidente del Colegio de Enfermería en el estado Bolívar, sostuvo que los trabajadores públicos en Ciudad Bolívar marcharon para exigir salario digno, contratos colectivos y pagos completos.Solicitando la intermediación del Cleb, pidieron la derogación del memorándum 2792 por ser violatorio a la progresividad de los beneficios laborales.

“Pedimos al Ministerio del Trabajo y al Tribunal Supremo de Justicia que anulen el 2792 por eliminar los beneficios de los trabajadores. Nosotros seguiremos en las calles exigiendo el reintegro de los derechos conculcados”.

Incumplimiento

Los trabajadores administrativos de la Universidad de Oriente (UDO), también se unieron a la marcha de este martes. Nayleth Figueroa, ingeniera de Proyecto adscrita al departamento de Planta Física, detalló que a la fecha el personal administrativo de la casa de estudios no ha recibido pago por concepto de vacaciones.

En ese sentido, salieron a protestar contra la vulneración a los derechos contractuales que les impide tener calidad de vida.

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