La Universidad Católica Andrés Bello (Ucab) y la Fundación Konrad Adenauer presentaron un libro con 24 recomendaciones para recuperar la economía del país, enfocadas en el sector petrolero y minero.
Las propuestas incluyen reformas legales, regulatorias y económicas, licitaciones transparentes y competitivas, reestructuración de la deuda externa y apoyo de organismos multilaterales.
También plantean disminuir la presión fiscal, flexibilizar las sanciones financieras, ofrecer seguridad jurídica y protección de propiedad privada a los inversionistas, y generar incentivos para la contratación local de bienes y servicios.
Los especialistas consideran que es necesario trabajar en estas recomendaciones aun en el sistema político actual, y advierten que el tiempo corre en contra de Venezuela por la transición energética y la crisis económica y social.
Las propuestas para el sector petrolero
La producción y comercialización del petróleo es el principal negocio de Pdvsa, la estatal que administra la industria petrolera de Venezuela. Sin embargo, en los últimos años, la empresa ha dedicado gran parte de sus recursos y personal a otras actividades no relacionadas con el sector, como la importación y distribución de alimentos y medicinas, el desarrollo de misiones sociales, la generación de electricidad y la producción de productos químicos.
Esto ha afectado negativamente su desempeño y ha provocado una caída en los niveles de producción de petróleo y gas natural. Ante esta situación, especialistas proponen una serie de medidas para reorientar a Pdvsa hacia sus funciones medulares y recuperar la infraestructura petrolera del país.
Entre las propuestas se encuentran:
- Elaborar un plan de captación y retención de personal calificado para el sector petrolero.
- Recuperar la industria del gas natural permitiendo su libre comercialización sin la imposición de precios subsidiados.
- Explorar la posibilidad de ofrecer otros tipos de esquemas de asociación a las empresas privadas, además de las empresas mixtas.
- Otorgar mayor autonomía a las empresas mixtas involucradas en la producción de petróleo, especialmente en los campos de la Faja Petrolífera del Orinoco.
- Reformar la Ley Orgánica de Hidrocarburos y derogar leyes que no se ajusten a las nuevas realidades del mercado energético mundial.
Los especialistas consideran que estas medidas son necesarias para aprovechar las ventajas comparativas que tiene Venezuela en cuanto a la producción de petróleo y gas natural, y para impulsar el desarrollo económico y social del país.
Las propuestas para el sector minero
¿Qué hacer para salvar el sector minero y el ambiente en Guayana?
La región de Guayana posee una gran riqueza minera y natural, pero también sufre las consecuencias de la explotación irracional y depredadora de sus recursos. El Estado venezolano ha impulsado proyectos mineros que amenazan el ambiente, los derechos humanos y la soberanía nacional, como el Arco Minero del Orinoco (AMO) y la Resolución 0010 que autoriza la minería en seis ríos de la Amazonía.
Ante esta situación, especialistas proponen una serie de medidas para rescatar y reorganizar el sector minero en Venezuela, bajo criterios de sustentabilidad, sostenibilidad y racionalidad económica.
Entre las propuestas se encuentran:
- Diseñar un Plan de Desarrollo Sustentable y Sostenible para Guayana que contenga un Plan Minero Nacional.
- Derogar los decretos que reservan al Estado las actividades de exploración y explotación del oro y otros minerales estratégicos, que crean la Zona de Desarrollo Estratégico AMO y que autorizan la minería en los ríos amazónicos.
- Revisar y adecuar el marco jurídico minero ambiental, garantizando la participación mínima del 55% del Estado en las empresas mixtas.
- Identificar y denunciar los delitos de ecocidio y violación de derechos humanos cometidos en Guayana ante los organismos internacionales pertinentes.
- Ratificar el Convenio de Minamata por parte del Estado venezolano, para proteger al ambiente y la salud humana de las consecuencias del uso del mercurio en las actividades mineras.
- Actualizar y materializar el Plan de Ordenamiento del Territorio de los Estados que conforman Guayana y cumplir con el artículo 129 de la Constitución en lo relativo a elaborar estudios de impacto ambiental y sociocultural a todo proyecto de desarrollo minero.
Los especialistas consideran que estas medidas son necesarias para aprovechar el potencial minero de la región de forma responsable y respetuosa con el ambiente, los pueblos indígenas y la soberanía nacional.
