El Gobierno venezolano suspendió temporalmente la minería de criptomonedas en marzo, tras descubrir un esquema de corrupción que usó billeteras digitales para desviar fondos de la petrolera estatal Pdvsa. La medida ha dejado en el limbo a la industria de criptoactivos en el país caribeño, que había sido impulsada por el presidente Nicolás Maduro.
Maduro había creado el petro, un token soberano que pretendía ser una alternativa al bolívar y una herramienta para evadir las sanciones de Estados Unidos. Sin embargo, el petro fracasó y dejó de cotizar el 24 de mayo.
La prohibición ha afectado a muchos mineros que se dedican a minar bitcóin y no el petro, que es controlado por el Gobierno. Han tenido que apagar sus equipos de minería, que son computadoras especializadas que validan los datos transaccionales de la cadena de bloques.
Según estimaciones de grupos mineros, se han desconectado unas 75.000 unidades de equipos de minería, lo que equivale a toda una flota de máquinas propiedad de una importante empresa minera que cotiza en bolsa.
Muchos mineros están pasando problemas de liquidez y podrían verse obligados a cerrar definitivamente si la prohibición se mantiene.
La policía de inteligencia ha realizado auditorías a los mineros, buscando confirmar que los fondos utilizados para la compra de equipos no provinieran del esquema de corrupción petrolera.
La investigación ha llevado a la detención de unas 80 personas, entre ellas el ex ministro de Tecnología Hugbel Roa y el ex superintendente de criptomonedas Joselit Ramírez. Se les acusa de vender crudo venezolano a través de la agencia de supervisión de criptomonedas del país sin pagar tarifas a Pdvsa. Sin embargo, no se entiende muy bien por qué persiste la prohibición de la criptominería.
