Un escándalo de corrupción que involucra a la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) y a la Superintendencia Nacional de Criptoactivos (Sunacrip) ha impactado al ecosistema de las criptomonedas en Venezuela, que se ha visto paralizado por órdenes de apagar granjas de minería digital y plataformas de intercambio de criptos.
El caso ha dejado decenas de funcionarios detenidos, entre ellos el presidente de Sunacrip, Joselit Ramírez, y el jefe de operaciones de minería digital, Rajiv Mosqueda. También ha provocado la renuncia del ministro de Petróleo, Tareck El Aissami, uno de los hombres fuertes del gobierno de Nicolás Maduro.
La fiscalía acusa a los implicados de irregularidades en el manejo de fondos de operaciones petroleras realizadas con criptoactivos. Estas operaciones formaban parte de la estrategia del gobierno para eludir las sanciones financieras de Estados Unidos contra Venezuela.
El gobierno también lanzó en 2018 una criptomoneda estatal, el petro, que ha tenido poca aceptación y uso. En los últimos días se han paralizado las transacciones con petros.
Inversores en criptomonedas denuncian que las autoridades han ordenado apagar granjas y exchanges sin mayor explicación. Humberto Quintero, directivo de la Asociación Nacional de Criptomonedas (ASONACRIP) y de CryptoLand Venezuela, pide mayor transparencia y cuestiona la forma de actuar del gobierno.
“Están torpedeando la minería (de criptomonedas). Averigüen lo que tengan que averiguar. ¿Pero por qué tienen que apagar todo?”, se preguntó Quintero en diálogo con la AFP. “¿Tú tienes un problema y tu solución es agarrar una metralleta y matar a todo el mundo?”, agregó.
El mundo de las criptomonedas en Venezuela es muy activo por la búsqueda de refugio ante la inflación y el bajo costo de la electricidad necesaria para operar con estos activos. Según un estudio del portal Statista, Venezuela es el tercer país con mayor uso de criptomonedas en el mundo.
