El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela ha recurrido a una nueva forma de violar los derechos políticos y la libertad de expresión de los ciudadanos: emitir “avisos” en su página web de supuestas sentencias que no se hacen públicas ni se notifican a las partes.
Así ocurrió el pasado 30 de octubre de 2023, cuando el máximo órgano judicial anunció, mediante un “aviso”, la suspensión de “todos los efectos” del proceso electoral organizado por la Comisión Nacional de Primarias el 22 de octubre de 2023, en el que más de dos millones de personas expresaron su voluntad de que Maria Corina Machado sea la candidata de la oposición para las elecciones presidenciales de 2024, reseña Infobae.
Esta decisión, de existir, no solo desconoce un hecho que efectivamente se realizó, sino que también atenta contra la Constitución, que garantiza el derecho de los ciudadanos a asociarse con fines políticos, a seleccionar sus candidatos en elecciones internas y a expresar libremente sus pensamientos e ideas. Así lo denunció la Academia de Ciencias Políticas y Sociales en un pronunciamiento emitido el mismo día del “aviso”.
El proceso electoral organizado por la Comisión Nacional de Primarias fue una iniciativa de la sociedad civil, con el apoyo de organizaciones y partidos políticos de oposición, para garantizar a los ciudadanos el ejercicio de su derecho a la participación política y libertad de expresión en la escogencia de la candidata de la oposición para la elección presidencial de 2024, sin la intervención de ningún ente público ni del Consejo Nacional Electoral.
Según el “aviso” del Tribunal Supremo de Justicia, la supuesta sentencia habría sido dictada en respuesta a un “recurso contencioso electoral con amparo cautelar” interpuesto por un señor de nombre José Dionisio Brito Rodríguez, quien se habría identificado como “aspirante a participar en las elecciones primarias del día 22 de octubre de 2023”, contra los actos de la Comisión Nacional de Primarias. Sin embargo, hasta la fecha, ni el texto íntegro de la sentencia ni el expediente del caso han sido publicados ni notificados a las partes, lo que impide conocer los argumentos y las pruebas que sustentan la decisión.
Esta nueva modalidad de impartir injusticia en Venezuela mediante “avisos” de sentencias que no se publican, además de violar el debido proceso, la transparencia y el acceso a la información, pretende anular la voluntad popular expresada en un proceso electoral legítimo y democrático, y generar confusión y desánimo en la población. Ante esta situación, es necesario exigir el respeto a la Constitución y a los derechos humanos, y defender la soberanía del pueblo venezolano.
