La Corte Penal Internacional (CPI) representa una luz de esperanza para los familiares y víctimas de los crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela. Ellos confían en que este organismo pueda hacer justicia ante la impunidad que reina en el país.
Así lo expresaron los afectados y los defensores de derechos humanos en la segunda audiencia de apelaciones de la CPI, donde se evidenció que la mayoría de los 124 incidentes denunciados no han avanzado en el proceso judicial. De hecho, solo un 4 % de los casos tiene condenas y solo 14 funcionarios públicos han sido sancionados.
Ali Daniels, director de la organización “Acceso a la justicia”, señaló que en Venezuela “no hay voluntad de sancionar, de investigar” y abogó por que la CPI tenga mayores competencias para actuar. Esto podría ocurrir a finales de este año, si el fiscal de la CPI, Karim Khan, recibe la autorización para intervenir.
Los familiares y víctimas esperan que ese sea el momento en que se puedan presentar los casos con todos sus argumentos y se puedan identificar a los autores materiales e intelectuales de los crímenes de lesa humanidad.
