jueves 22, febrero 2024

La CPI recibe la denuncia de panel de expertos de la OEA sobre con la detención de Roberto Abdul #10Dic

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El gobierno de Nicolás Maduro ordenó la captura de 14 dirigentes políticos, activistas y defensores de derechos humanos, acusándolos de conspirar contra el referéndum consultivo sobre el Esequibo, que se realizó el pasado 3 de diciembre. Entre los detenidos se encuentra Roberto Abdul, presidente de Súmate, la organización que coordinó las elecciones primarias de la oposición.

El Panel de Expertos Internacionales Independientes de la OEA, que investiga los crímenes de lesa humanidad en Venezuela, expresó su gran preocupación por estos ataques, que buscan impedir la participación de la oposición en las elecciones presidenciales de 2024.

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El Panel denunció que el Estado venezolano persigue sistemáticamente a las personas que forman parte del entorno de los líderes opositores, violando sus derechos fundamentales y el proceso democrático.

Entre los afectados por las órdenes de aprehensión se encuentran Juan Guaidó, ex presidente interino de Venezuela; Leopoldo López, líder de Voluntad Popular; Julio Borges, fundador de Primero Justicia; Yon Goicochea, ex dirigente estudiantil; David Smolanski, ex alcalde de El Hatillo; Carlos Vecchio, embajador de Venezuela en Estados Unidos; Lester Toledo, ex diputado del Zulia; Savoi Jandon Wright, ciudadano estadounidense; Andrés Izarra, ex ministro de Turismo; Rafael Ramírez, ex ministro de Petróleo; Henry Alviarez, coordinador nacional de Vente Venezuela; Claudia Macero, coordinadora de comunicación de Vente Venezuela; y Pedro Urruchurtu, coordinador de relaciones internacionales de la campaña de María Corina Machado.

El Panel instó a las autoridades venezolanas a que liberen de inmediato a los detenidos y cesen la persecución política, así como a que respeten el Acuerdo de Ginebra de 1966, que establece el marco jurídico para resolver la controversia sobre el territorio del Esequibo, actualmente bajo control de Guyana. El Panel recordó que la Corte Penal Internacional tiene competencia para investigar y juzgar los crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela.

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