La Misión de la ONU para Venezuela presentó su cuarto informe ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en el que documentó numerosos casos de violaciones de los derechos humanos cometidas por el Estado venezolano contra dirigentes sindicales, periodistas y defensores de derechos humanos.
Según el informe, la Misión investigó 42 casos de ataques y restricciones contra la sociedad civil, organizaciones y partidos políticos, y destacó 51 víctimas individuales. Entre ellas se encuentran líderes de la sociedad civil y periodistas que han sido objeto de vigilancia, amenazas, campañas difamatorias y procedimientos penales arbitrarios por parte de altos funcionarios del gobierno.
La integrante de la Misión, Patricia Tappatá Valdez, expresó que el Estado ha usado acusaciones de incitación al odio o terrorismo para criminalizar a los críticos del Gobierno que organizan manifestaciones pacíficas. También criticó la política de censura contra los medios de comunicación que informan sobre temas relacionados con violaciones de los derechos humanos o protestas contra el gobierno.
«Aquellos que hacen caso omiso de la censura se enfrentan a cierres arbitrarios, lo que ha llevado a una creciente autocensura. Se espera que, como en el pasado, la cobertura de esta conferencia de prensa sea probablemente censurada por las autoridades», dijo Tappatá Valdez.
