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La ONAPRE sigue  violando los derechos laborales de los trabajadores venezolanos

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Desde el año 2017, el régimen de Nicolás Maduro, según estudios realizados por la firma Ecoanalitica, ha venido reduciendo “de manera draconiana” el gasto público en el país, básicamente porque los ingresos por renta petrolera se han visto mermados de manera significativa por diferentes razones.

Para el primer semestre de 2022 las cifras macroenómicas de Venezuela han mejorado debido al control de la hiperinflación, a la estabilización del tipo de cambio y a la flexibilización de algunas sanciones internacionales, lo que le ha permitido al gobierno, aumentar nuevamente sus gastos, no obstante, todo indica que los trabajadores del sector público no son la prioridad en este momento.

En este sentido, la Oficina Nacional de Presupuesto durante el año 2022 ha ejecutado un importante número de restricciones a las contrataciones colectivas vigentes, violando los derechos humanos y laborales del personal que labora en la administración pública, como son docentes, trabajadores ministeriales, del sector  salud y además el personal jubilado y pensionado de Venezuela.

El instructivo 2892 aprobado por la ONAPRE durante este 2022, sin haber hecho ninguna consulta a gremios profesionales y sindicales, ha mermado el ingreso de los trabajadores de manera importante, ya que desconoce reivindicaciones salariales aprobadas en convenciones colectivas vigentes, tanto al personal colectivo como al jubilado.

Semanalmente los trabajadores afectados vienen realizando acciones de calle, exigiendo que se derogue el instructivo y además exigiendo que el salario mínimo se equipare con el costo de la Canasta Básica Nacional, la cual oscila entre los 900 y los 1.200 dólares, dependiendo de la institución que la calcule.

Termómetro Nacional conversó con algunos trabajadores afectados quienes califican al instructivo como un “paquetazo” anti-obrero que pretende liquidar a los trabajadores.

“Los trabajadores venezolanos estamos reclamando nuestro derecho a un salario digno. No estamos en ninguna vaina política. Estamos reclamando un salario justo, la derogación del instructivo ONAPRE que se lleva entre 40% y 70% de nuestros salarios y prestaciones”, manifestó una de las consultadas quien prefirió mantener su nombre en reserva.

Otro de los consultados advirtió que no solo el régimen está aplicando este tipo de medidas, sino que algunas empresas privadas también se están aprovechando de la situación, amparadas por el Ministerio del Trabajo. 

“Hay patronos privados que están aplicando este instructivo ONAPRE de una manera descarada y cuando los trabajadores van a reclamar a la inspectoría del trabajo no pasa absolutamente nada. Tenemos que rescatar nuestro salario y la única forma que tenemos de hacerlo es la lucha en la calle. Le hacemos un llamado a todos los trabajadores, sobre todo del sector universitario y educativo para que salgan a protestar de manera pacífica”, dijo.

Igualmente un trabajador de la educación, denunció que el bono vacacional fue cancelado en base a la tabla salarial del año pasado, sin tomar en cuenta el reciente aumento aprobado por el ejecutivo nacional.

“Nos pretender pagar 100 o 150 bolívares de bono vacacional, cuando la convención colectiva establece otra cosa. Los montos en esta oportunidad deberían estar por encima de los 1.000 bolívares, pero nuevamente la ONAPRE hace lo que le da la gana con los trabajadores”, denunció el docente.

Trabajadores y sindicatos unidos

Los trabajadores y sindicatos actualmente buscan la derogación del instructivo 2892, lo que ha generado una cohesión de lucha por los derechos laborales.

Ana Yánez directiva de la Unión Nacional de Trabajadores (UNETE), aseguró que la ONAPRE ha destruido los salarios de los trabajadores y las conquistas de las contrataciones colectivas en el país.

“Es  un atropello y una violación a la Constitución, los convenios internacionales, la Ley Orgánica del Trabajo que, hoy por hoy, ha sido letra muerta ante las instituciones del Ejecutivo nacional. El trabajo en la administración pública es explotación, así como en  las empresas privadas porque muchos se valen de lo que está aconteciendo en la administración pública para  también dar un salario paupérrimo”, reclamó.

Yánez aseveró que seguirán en la calle hasta que se constituya realmente una mesa que dé solución y resolución a estos conflictos del mundo del trabajo.

Es importante mencionar que el pasado 14 de julio, la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, en ponencia de su presidente magistrado Malaquías Rodríguez, admitió una demanda interpuesta por la Asociación Venezolana de Rectores Universitarios (AVERU), contra el instructivo de la ONAPRE.

En este sentido, el dirigente de la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV), Pedro Arturo Moreno, declaró al portal Efecto Cocuyo, criticó que el TSJ no haya aprobado la medida cautelar que solicitaba la suspensión inmediata del instructivo.

“Una señal de que quieren alargar la petición de las universidad a este recurso, es que la misma Sala negó la medida cautelar de amparo para suspender la aplicación del instructivo”, comentó.

Aclaró que “haber aceptado (en el TSJ) el recurso no nos da ninguna seguridad que vaya a ser resuelto un conflicto que no es solo de mero derecho, sino con atenta contra la vida de las personas, ahora que calculan bonos y derechos de los contratos colectivos que van a ser violados porque van a seguir usando el instructivo ONAPRE”.

Por otra parte, Moreno denunció la detención de siete trabajadores de la Siderúrgica del Orinoco (Sidor) en el estado Bolívar, que se declararon de brazos caídos ante la reactivación de una de las plantas, que se decidió sin que los trabajadores tuvieran los implementos mínimos de seguridad industrial.

«Estamos frente a una administración que violenta los derechos laborales, no reconoce a los legítimos representantes sindicales y solo se sienta en un diálogo como un show mediático», alertó.

Los políticos también reclaman

Deyalitza Aray diputada por el estado Carabobo y miembro de la Comisión Delegada de la Asamblea Nacional presidida por Juan Guaidó, ha ratificado su respaldo y reconocimiento  a todos los trabajadores de Venezuela y en especial el sector público, quienes juntos con los jubilados y los pensionados se mantienen en pie de lucha, para exigir justas reivindicaciones laborales, maltratadas y burlas de manera sistemática, por el régimen de Nicolás Maduro.

“Estos trabajadores expresan en su justa protesta no solo el rechazo a las políticas de exterminio del poder adquisitivo, sino las precarias y desmejoradas condiciones laborales que impiden el ejercicio seguro de sus responsabilidades, expuestos a los accidentes laborales, a las enfermedades, la pandemia, sin el resguardo del seguro de vida hospitalización, cirugía y maternidad, cuyo derecho está garantizado, no solamente en la ley, sino en las conversiones colectivas e internacionales”, dijo.

La parlamentaria denunció que nuevamente el régimen viola el artículo 89 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela el cual señala que ninguna ley puede alterar la progresividad de los derechos y beneficios laborales, ni lo establecido en la Ley Orgánica del Trabajo.

Asimismo, Nicmer Evans, miembro del Movimiento Democracia e Inclusión (MDI), declaró que el instructivo de la ONAPRE es la génesis para igualarlas tablas salariales lo que evidencia que la administración de Nicolás Maduro “está pagando toda la deuda social y todos sus errores políticos y económicos con el salario de los trabajadores de la administración pública”.

Evans insistió que el documento deja ver el fracaso de un gobierno cuyas medidas, anunciadas como exitosas, se han devaluado. Puso como ejemplo que último aumento de sueldo también se devaluó y pasó de ser el equivalente a $30 a estar en $21. Citó la demora en el pago de un bono de $2200 a jubilados y pensionados.

“En pocas palabras, cada vez qué pasa el tiempo, ellos juegan con ganarle recursos en base a la devaluación de lo que ellos ofrecen”, precisó.

“Hay muchas cosas que hacer para evidenciar que realmente hay un avance en relación a la división de poderes en este país, pero lo que estamos seguros es la necesidad de generar un cambio de gobierno que permita dar paso a un modelo económico tripartita en el cual el gobierno, los empresarios y los trabajadores se sienten en una misma mesa a definir y planificar cómo generar el crecimiento económico en este país”, dijo.

Finalmente, sindicatos, trabajadores y dirigentes políticos sentenciaron que seguirán en las calles de Venezuela en pie de lucha, hasta que el régimen de Nicolás Maduro rectifique y derogue el instructivo 2892 e insistieron que no permitirán la violación continua de los derechos laborales de los venezolanos.

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