La crisis de los servicios públicos en Venezuela ha llevado a la población a buscar soluciones por su cuenta, ante la incapacidad del Estado para garantizar el suministro de agua, electricidad y gas. Esta situación ha generado una “privatización” informal y desordenada, que implica altos costos y riesgos para los ciudadanos.
Así lo denuncia la ONG Monitor Ciudad, que monitorea la calidad y la continuidad de estos servicios en Caracas y cuatro estados del país. Según esta organización, los venezolanos sufren frecuentes fallas en el acceso a estos servicios básicos, que afectan su calidad de vida y sus derechos humanos.
En algunos sectores populares de Caracas, el agua llega cada 15 días o menos, y cuando llega es turbia y de mala calidad. Muchas familias deben comprar botellones de agua potable o pagar camiones cisternas para abastecerse.
El gas doméstico también escasea, y los usuarios deben hacer largas colas o recurrir al mercado negro para conseguir bombonas. Algunos optan por cocinar con leña o carbón, lo que implica contaminación y riesgos de incendio.
Los apagones son otra pesadilla, sobre todo en el interior del país, donde pueden durar horas o días. Muchos comerciantes y residentes han comprado plantas eléctricas para generar su propia energía, pero esto implica un gasto adicional en combustible, que también es escaso y caro.
El gobierno de Nicolás Maduro ha lanzado un programa llamado ‘1×10 del Buen Gobierno’, que consiste en recibir reportes de las comunidades sobre las fallas de los servicios públicos y enviar brigadas para repararlas. Sin embargo, este plan no ha logrado resolver los problemas estructurales que afectan a las redes estatales.
Maduro atribuye la crisis a las sanciones económicas impuestas por Estados Unidos contra Venezuela; pero los expertos señalan que el deterioro de los servicios públicos comenzó antes de esas medidas, por la falta de inversión y mantenimiento, así como por la corrupción y la ineficiencia.
