La Justicia en Venezuela se ha convertido en un instrumento de castigo para los presos políticos, que ven cómo sus juicios se repiten una y otra vez por una norma legal que permite interrumpir el proceso penal si se superan los 11 días de suspensión.
Así lo denuncian abogados defensores, que alertan de que esta práctica se ha intensificado en el último año contra decenas de activistas y opositores que están en la cárcel por razones políticas.
Se trata del artículo 320 del Código Orgánico Procesal Penal (COPP), que establece que el juez debe seguir el juicio desde el inicio hasta el final, sin interrupciones mayores a 11 días hábiles, para garantizar una decisión equilibrada basada en el análisis continuo de las evidencias. Sin embargo, los juristas aseguran que este principio de inmediación se usa a discreción para dilatar los procesos y mantener la detención preventiva de los acusados, lo que equivale a una pena anticipada.
El problema se agrava cuando se trata de delitos de terrorismo, que no tienen tribunales especializados, sino jueces designados que pueden ser removidos o sustituidos en cualquier momento, lo que implica empezar de nuevo todo el juicio.
Esto es lo que les ha ocurrido a varios ciudadanos considerados presos políticos, como el periodista Roland Carreño o el activista Javier Tarazona, que han visto cómo sus juicios se reiniciaban cuando estaban a punto de recibir sentencia.
Esta situación revela el retardo procesal que afecta al sistema de Justicia venezolano, donde cerca del 70 % de los prisioneros no han recibido una condena definitiva, según estimaciones de la ONG Una Ventana a la Libertad (UVL). Los abogados defensores denuncian que esta táctica busca intimidar y silenciar a quienes disienten del Gobierno y advierten que cualquiera puede ser víctima de esta arbitrariedad.
