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Michelle Bachelet nuevamente deja en evidencia la violación de DD.HH. en Venezuela

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El pasado 29 de junio y antes de dejar su cargo como Alta Comisionado de los Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas, Michelle Bachelet, presentó un informe con los últimos acontecimientos que tienen que ver con los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, el estado de derecho y el espacio cívico en Venezuela. 

Aunque reconoció que hay algunos avances en cuanto a la disolución de la Fuerza de Acción Especial de la Policía Nacional, mejor conocida como el FAES, la alta comisionada fue enfática al señalar que todavía falta mucho por hacer, sobre todo en materia judicial, ya que se mantienen las detenciones arbitrarias y no existen investigaciones independientes por parte de las autoridades. 

“Sigo instando a que se lleven a cabo investigaciones independientes, exhaustivas y oportunas, con las debidas garantías procesales, que conduzcan a la rendición de cuentas de todos los perpetradores, independientemente de su rango, y a la reparación completa para las víctimas y sus familias”, apuntó.

Recalcó la necesidad de fortalecer la independencia judicial y la separación de poderes, exhortando a las autoridades a nombrar una proporción más amplia de jueces titulares del Tribunal Supremo mediante un proceso público y transparente.

Informó que las gestiones de su personal han contribuido a la liberación de 68 personas, incluidas 14 mujeres. Bachelet pidió la liberación inmediata de todas las personas detenidas arbitrariamente.

También planteó sus preocupaciones por las condiciones en los centros de detención que eran administrados por los servicios de inteligencia, donde se han denunciado malos tratos e incomunicación. 

Destacó que el personal de su Oficina no ha logrado que se le permita visitar esos centros ni los de detención militar.

“El ACNUDH sigue observando retrasos en la aplicación de las órdenes de liberación, como señaló en febrero de 2022 la Comisión Permanente de Política Interior de la Asamblea Nacional.  Al menos nueve personas detenidas, entre ellas cuatro mujeres, fueron puestas en libertad unos tres meses después de la emisión de la orden. El ACNUDH documentó al menos otros siete casos de personas detenidas cuya orden de liberación aún no se ha implementado, incluido una con fecha de agosto de 2021. El ACNUDH pide que se aborden urgentemente estos casos, ya que la detención sin fundamento jurídico es arbitraria”, revela el nuevo informe. 

Siguen las violaciones de DD.HH.

Tras el pronunciamiento, el director de la ONG Acceso a la Justicia, Ali Daniels, explicó que la Alta Comisionada simplemente reconoció que luego de tres años de su visita a Venezuela, persiste la violación sistemática y generalizada de derechos humanos en el país. 

“Las violaciones que ella (Bachelet) señala sobre el debido proceso, sobre las detenciones arbitrarias, las violaciones a las restricciones de libertad de las personas, incluso de los desacatos que cometen las autoridades administrativas sobre boletas de excarcelación, ya han sido elementos reiterados en las comunicaciones de la Alta Comisionada sobre el caso Venezolano”, precisó. 

Insistió que el pronunciamiento pone de manifiesto “que las situaciones de represión en Venezuela sigue manteniendo sus elementos estructurales básicos”. 

Daniels igualmente señaló que es muy importante la opinión de la Alta Comisionada, con respecto a la reelección de magistrados en el Tribunal Supremo de Justicia. 

“Bachelet hizo referencia que en la reelección de magistrados habría un elemento de inconstitucionalidad ya que viola la norma constitucional de período único para los mismos, además de señalar que los magistrados electos tienen fuertes vinculaciones con el oficialismo, lo que pondría en evidencia su falta de independencia e imparcialidad”, sentenció. 

El abogado también aplaudió la posición de Bachelet  con respecto al cierre del espacio cívico en Venezuela.

Foto: Cortesía

“Una vez más la Alta Comisionada se pronuncia con respecto al cierre del espacio cívico en nuestro país y  hace alusión al sobreseimiento de los compañeros de Azul Positivo, que para nosotros es la mejor manifestación de cómo se reprime en Venezuela al espacio cívico y las organizaciones que trabajan en materia de cooperación internacional, porque justamente son personas que fueron detenidas arbitrariamente, bajo un juicio que nunca debió haber ocurrido y que además fueron objeto de torturas y aquí vemos como estos elementos ponen de manifiesto que los elementos básicos de represión y de violación de derechos humanos se mantienen y la señora Bachelet lo que ha hecho es recordarnos que esto es así”, indicó. 

Finalmente el director de Acceso a la Justicia, comentó que es importante el aumento de funcionarios de la Oficina de la Alta Comisionada en Venezuela “con lo cual se pone de manifiesto la necesidad que hay de un mayor monitoreo por parte de este ente, porque precisamente no ha habido cumplimiento de las recomendaciones que se han hecho, por más que se quiera presentar que el gobierno ha cambiado, cuando en realidad sabemos que esto no ha ocurrido”. 

Un año tras las rejas

A pesar del llamado hecho por la Alta Comisionada, el régimen socialista ni se inmutó en liberar a algún preso político luego del pronunciamiento público y por el contrario miembros del Partido Socialista Unido de Venezuela, como Diosdado Cabello, criticaron las recomendaciones hechas por las funcionaria de Naciones Unidas. 

En este sentido, es importante destacar que este sábado 2 de julio, el director general de la ONG FundaRedes, Javier Tarazona, cumplió un año injustamente detenido y organizaciones como Amnistía Internacional lo califican como un preso de “conciencia” en Venezuela. 

Sociedad civil, gremios, estudiantes, organizaciones no gubernamentales, familiares y activistas de FundaRedes, alzaron la voz a un año de este injusto hecho, donde expusieron los faltantes que tiene la sociedad al no tener a un hombre “que se ha destacado desde hace más de 20 años por su profesionalismo, dedicación y ganas de seguir formando el futuro de un gran país”.

Teresa Sánchez, madre de Javier Tarazona clamó por la libertad de su hijo. 

“Desde que mi hijo comenzó en Fundabriseta, lo que he visto es formación, amar al ser humano, porque eso es Javier Tarazona, no es ningún delincuente como pretenden hacerlo ver. Es una persona de bien, que no ha hecho sino abogar por quienes no tienen quien los oiga”.

Asimismo, Mauricio Pernía representante de la Coalición Anticorrupción del Táchira,  aseveró que al cumplirse un año de la detención arbitraria e inconstitucional del director general de FundaRedes, “expresamos nuestra preocupación frente a esta lucha, porque la defensa de los DDHH nos concierne a todos, sobre todo en la figura de Javier Tarazona”.

Recalcó que es importante elevar la voz porque la defensa de los DD.HH. no es causa para ser detenido, y que la misma, supone el ejercicio del derecho primario a la vida, “reclamar por los demás es una virtud humana que debe ser favorecida”, dijo Pernía, quien además finalizó agregando que “Javier Tarazona ha dado grandes aportes, sobre todo con datos importantes que corrigen la acción pública que permite tener un Estado más seguro”.

Foto: Cortesía

Por su parte Kenny Ramírez, presidente del Centro de Estudiantes de la UPEL Táchira, resaltó que en nombre del movimiento estudiantil tachirense y de la juventud del estado, es necesario alzar la voz, “ya ha pasado un año desde que el maestro de maestros fue detenido de forma cobarde por defender a los más vulnerables durante más de 20 años, en medio de esta emergencia humanitaria compleja”.

Hizo hincapié que fue detenido por ser la voz de tantos docentes que devengan salarios míseros, por querer ayudar al éxodo masivo de más de 6 millones de venezolanos, que tuvieron que abandonar el país por no encontrar buenas oportunidades, entre muchas otras cosas que caracterizan a ese gran ser humano que es Javier Tarazona.

“Javier Tarazona para los estudiantes upelistas representa la lucha incansable que a diario y a pesar de los sacrificios van a la universidad a formarse y formar a las generaciones que sacarán al país adelante, y exigimos sea liberado de forma inmediata, porque nadie puede estar preso por pensar distinto”, finalizó Ramírez. 

Es una privación ilegítima de libertad

Clara Ramírez coordinadora de documentación y DD.HH. de FundaRedes, aprovechó para agradecer las muestras de apoyo y solidaridad que se han recibido durante este año en el que Javier Tarazona, ha vivido una grave detención arbitraria y una privación ilegítima de su libertad por parte del Estado venezolano.

Además, resaltó que, “hace un año se materializaron las más de once denuncias de hostigamiento y amenazas que el Estado tenía contra el equipo de FundaRedes y la persona de Javier Tarazona, y fue ese 02 de julio que comenzó el calvario del defensor de DD.HH., docente y formador venezolano”.

“Seguimos esperando que el tribunal de juicio fije la fecha para que se dé la audiencia preliminar, la cual ha sido diferida en 13 oportunidades anteriores, por lo que nuestro llamado sigue siendo el mismo que hemos hecho desde el día 01, libertad plena para Javier Tarazona, su hermano Rafael Tarazona y el activista Omar de Dios García”, reiteró Ramírez.

Aseveró la coordinadora de documentación que, el director de FundaRedes no puede ser un preso más que muera bajo custodia del Estado venezolano, porque solo en el 2021, fallecieron 3 presos políticos. “A Javier se le vulneran los derechos fundamentales que están afectando su salud física y emocional”.

Finalmente, indicó que el caso de Javier Tarazona ha sido denunciado ante la Oficina de la Alta Comisionada de los Derechos Humanos y este organismo ha solicitado en reiteradas oportunidades su liberación inmediata, sin embargo, el régimen político hace caso omiso ante estos pronunciamientos.

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