domingo 21, abril 2024

Organizaciones regionales rechazan la Ley de control y regulación que criminaliza a las ONG en el país #19Ene

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La Asamblea Nacional de Venezuela aprobó en primera discusión, un proyecto de ley que busca regular y controlar el funcionamiento de las organizaciones no gubernamentales (ONG) y otras entidades sin fines de lucro, bajo el argumento de proteger la soberanía nacional y combatir el terrorismo.

El proyecto, que aún debe pasar por una segunda discusión y una consulta pública, ha sido rechazado por diversas redes regionales de organizaciones de la sociedad civil, como Alianza Regional por la Libre Expresión e Información, Civicus, IFEX-ALC y Voces del Sur, que lo consideran una amenaza para el derecho humano a la libertad de asociación y el espacio cívico en el país.

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Según estas redes, la ley pretende criminalizar y estigmatizar a las organizaciones que realizan trabajo social, humanitario y de promoción de derechos humanos, al someterlas a un régimen de supervisión, inspección, control y sanción por parte del Poder Ejecutivo, que podría disolverlas de oficio si incumplen con los requisitos exigidos.

Entre estos requisitos se encuentra la obligación de proporcionar información detallada sobre su constitución, estatutos, actividades, recursos y fuentes de financiamiento, lo que podría facilitar la persecución y la intimidación de los sectores críticos al gobierno.

Además, la ley limitaría la autonomía e independencia de las organizaciones, al restringir su capacidad de recibir fondos de la cooperación internacional, que son vitales para atender la crisis humanitaria compleja que atraviesa Venezuela, y que ha provocado el desplazamiento de millones de personas hacia otros países de la región.

La ley también afectaría a otras formas de asociación civil, como colectivos, movimientos sociales, religiosos, sindicales, educativos, comunitarios, ambientales y vecinales, que quedarían ilegalizados y sujetos a sospecha de cometer delitos si no se alinean con los intereses gubernamentales.

Las organizaciones venezolanas ya enfrentan un marco normativo restrictivo, como la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo o la Providencia Administrativa No. 002-2021, que dificultan su registro y actualización, y que han sido usados para intervenir arbitrariamente y procesar penalmente a defensores y activistas de derechos humanos.

Ante este escenario, las redes regionales exhortaron a la comunidad internacional a apoyar con acciones que impidan la aprobación de esta ley y que contribuyan a garantizar el respeto y la protección de la sociedad civil en Venezuela.

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