Un viejo aliado del gobierno chavista, el magnate naviero Wilmer Ruperti, se quedó sin un contrato con la estatal Petróleos de Venezuela SA (PDVSA) por supuestas irregularidades en los pagos. Ruperti, quien ayudó a romper la huelga petrolera de 2002-2003 que buscaba derrocar al fallecido Hugo Chávez, reclama que la empresa le debe 300 millones de dólares.
El contrato, firmado en 2016, le otorgaba a la firma comercial de Ruperti, Maroil Trading Inc., el derecho de vender y quedarse con la mayor parte de las ganancias de 12 millones de toneladas métricas de coque de petróleo, un subproducto del petróleo que se usa para generar electricidad y alimentar hornos de cemento. A cambio, Maroil se comprometió a invertir 138 millones de dólares en una terminal marítima de PDVSA.
Según Ruperti, el contrato se extendió por dos años debido a la pandemia, pero PDVSA lo niega y le exige que pague los cargamentos vendidos después de la fecha límite original de 2021. Una auditoría interna ordenada por el nuevo presidente de PDVSA, Pedro Tellechea, encontró discrepancias en los pagos. Ruperti niega cualquier irregularidad y dice que las conversaciones son «amistosas» y que hay «disposición» para llegar a una solución.
Ruperti es un personaje cercano al palacio presidencial de Miraflores y ha financiado la defensa de los sobrinos de Maduro que fueron condenados por narcotráfico en EE.UU. y luego liberados en un intercambio de prisioneros con Venezuela.
