domingo 25, febrero 2024

Presos y niños, las nuevas víctimas del régimen venezolano para el referéndum del Esequibo #1Dic

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El gobierno de Venezuela ha desplegado una serie de medidas coercitivas y de propaganda para obligar a la población a participar en el referéndum consultivo sobre el Esequibo, un territorio en disputa con Guyana.

Para convencer a la gente de que acuda a las urnas el 3 de diciembre, el régimen ha gastado grandes sumas de dinero en pintar murales, hacer pancartas, distribuir pegatinas, realizar una campaña de cedulación, entre otras acciones. Tampoco ha escatimado en amenazar con despedir a funcionarios o quitar las bolsas de comida o los bonos a quienes se nieguen a votar. Incluso ha logrado que algunos dirigentes opositores se sumen a la consulta con el argumento de que “el tema es Venezuela”. Pero nada de eso parece suficiente, por lo que ha recurrido también a los presos de varias cárceles y, lo más insólito, a los niños y adolescentes, reseñó Sebastiana Barráez en Infobae.

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Los menores de edad han sido usados como una ficha de los intereses partidistas y políticos de la revolución bolivariana, sin respetar la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente, ni proteger a la parte más vulnerable de la sociedad. Se han publicado imágenes y videos de niños y jóvenes participando en un simulacro del referéndum, bajo la presión de las autoridades escolares, gubernamentales, militares e incluso de la vicepresidenta Delcy Eloína Rodríguez Gómez.

¿Qué pueden hacer los padres si el Estado, que debería proteger a los niños, es el que los expone a una situación que viola sus derechos? La Convención sobre los Derechos del Niño (CDN), tratado internacional adoptado por la Asamblea General de Naciones Unidas (ONU), el 20 de noviembre 1989, reconoce a todas las personas menores de 18 años como sujetos de pleno derecho, pero esos derechos se basan en: la no discriminación; “el interés superior del niño; el derecho a la vida, la supervivencia y el desarrollo; y el respeto por la opinión de los niños y niñas”.

Sin embargo, cuando los docentes y directivos de una institución, cumpliendo órdenes del alto gobierno, obligan a los niños y adolescentes, sin consultar ni contar con el consentimiento de sus padres, a participar en un evento vinculado con la situación política y electoral del país, están vulnerando el interés superior del niño.

Además, el referéndum sobre el Esequibo, que tiene cuestionamientos de inconstitucionalidad, plantea unas preguntas que requieren conocimiento del significado e historia de la reclamación de ese territorio, así como de las bases legales del mismo, que son desconocidas para la mayoría de la población, y más aún para los niños, por lo que se trata de una evidente manipulación de la autoridad que ejerce presión sobre el menor, al que se le pide firmar y se le toma las huellas sin que esté presente su representante. ¿Qué harán con esos datos?

El uso de los datos

Desde la frontera, Evencio Zenón, secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza del estado Táchira, le dijo a la periodista Marian Duque, del Diario de Los Andes, que los niños del séptimo grado escolar, con edades entre 11 y 12 años, no tienen la capacidad para responder ni comprenden qué significa el Laudo Arbitral de 1899 y el Acuerdo de Ginebra de 1966.

Afirmó que ponerlos a votar en el simulacro escolar es una violación a la Ley Orgánica de Educación, específicamente el artículo 12, “en lo que tiene que ver con la injerencia político partidista en las escuelas, porque nadie puede dudar que el hecho interno o el propósito de esa consulta el día de hoy, es para aprovechar presuntamente la firma, nombre, apellido y cédula de esos niños y docentes, para utilizarlo en el referéndum que se va a llevar a cabo el 3 de diciembre”.

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