Un estudio realizado por el Observatorio de Gasto Público de Cedice Libertad (OGP-Cedice) reveló que el 80% de los venezolanos considera que el servicio eléctrico es inestable y que el 54% desconfía de la calidad del agua potable que llega a sus hogares.
El estudio se basó en datos recabados en el mes de julio, mediante encuestas a 2.300 ciudadanos, monitores distribuidos en 12 estados del país y la revisión de medios digitales y redes sociales.
Según el informe del OGP-Cedice, coordinado por el economista Raúl Córdoba, los venezolanos sufren constantes racionamientos eléctricos, de tres a cuatro horas diarias, y fuertes bajones que afectan sus electrodomésticos.
El 60% de los apagones reportados tuvieron una duración de más de 40 minutos y el 19% de los encuestados aseguró que al menos un aparato se dañó por esta causa. Solo el 2% confía en que la actual administración de la estatal eléctrica pueda resolver los problemas del servicio.
El estudio también incorporó una nueva categoría: el servicio de gas doméstico por bombona. El OGP-Cedice señaló que el parque de bombonas está obsoleto y que solo dos de cada 10 tienen nuevo diseño y tecnología.
El 30% de la población que necesita gas en dispositivos portátiles enfrenta un proceso de llenado inestable e incierto, según el 60% de los consultados. El tiempo de espera para el rellenado oscila entre tres y cinco semanas y el 65% ha optado por pagar tarifas extra para obtener preferencias en el suministro.
En cuanto al agua y saneamiento, el reporte indicó que el 84% de los entrevistados afirmó que el esquema de racionamiento del servicio fue incumplido, reduciendo uno o dos días el suministro. El 62% destacó que, tras las lluvias, el agua llega más contaminada y sucia, lo que evidencia el mal estado de las plantas de tratamiento. El 54% desconfía de la calidad del agua que recibe por tuberías y siente que puede generar enfermedades si la consume sin tratamiento previo.
El OGP-Cedice es una iniciativa de Cedice Libertad, un centro de estudios dedicado a la promoción y defensa de los principios de libertad, democracia, Estado de derecho y economía de mercado. Su objetivo es monitorear el gasto público y los servicios básicos en Venezuela, así como generar propuestas para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.
