El Ministerio de Petróleo publicó en la Gaceta Oficial N° 42.667, de fecha 10 de julio de 2023, una resolución que establece las tarifas de flete para el transporte terrestre de productos derivados de hidrocarburos en dólares. Esta medida afecta a la distribución del combustible a lo largo del país, que ya sufre una grave escasez.
La resolución fija tarifas planas según la cantidad de kilómetros y el tipo de ruta que deba recorrer el vehículo de carga para trasladar el combustible desde las plantas de suministro propiedad de Petróleos de Venezuela (Pdvsa) hasta los puntos de expendio en el mercado interno y clientes finales.
Las tarifas son las siguientes:
Tarifa plana:
De 0 a 750 km: $1,9951 por kilómetro recorrido.
Mayor a 750 km: $1,4396 por kilómetro recorrido.
Tarifa de montaña:
De 0 a 750 km: $2,1946 por kilómetro recorrido.
Mayor a 750 km: $1,5836 por kilómetro recorrido.
La resolución indica que estas tarifas «incluyen gastos de administración y utilidad». Además, aclara que, pese a estar fijadas en dólares, pueden pagarse en bolívares.
Esta medida deroga la norma previa establecida en la Resolución Nº 112, de fecha 11 de octubre de 2013, que fijaba las tarifas en bolívares y segmentaba el precio según localidades. Por ejemplo, era más costoso trasladar combustible en Guatire que en Maturín. Además, contaba con un reglón de escala que incrementaba la tarifa cada 25 kilómetros.
La nueva directriz simplifica el cuadro tarifario y solo hace distinción entre rutas planas y montañosas, diferenciando los traslados cortos y largos.
Esta resolución se enmarca en el proceso de eliminación progresiva de los subsidios que mantenía el gobierno chavista durante más de dos décadas, en una etapa de gestión caracterizada por la búsqueda de financiamiento vía recaudación fiscal ante la masiva reducción de captación de dinero a través de la renta petrolera.
El Gobierno se ha escudado bajo el argumento de las sanciones a la industria petrolera para justificar la escasez de recursos con los que cuenta para ofrecer una gestión adecuada del país, pese a que Maduro estuvo a la cabeza del Ejecutivo por más de seis años de contracción económica —caracterizada por un período de desabastecimiento crónico e hiperinflación— sin sanción alguna.
Durante su gestión, la industria petrolera redujo su producción de unos 2,7 millones de barriles diarios (b/d) a promediar unos 700.000 b/d actualmente, tras dos años de promesas de que superaría el millón y apuntaría a los 2 millones b/d para el fin de este año.
En este contexto de deterioro de la industria petrolera y escasez de fondos públicos, el chavismo ha dejado de lado su política de protección de precios al consumidor y ha aplicado medidas que encarecen la producción, distribución y comercialización de los bienes y servicios en la economía venezolana, pese a que la población mantiene un paupérrimo poder adquisitivo.
El primer golpe se dio con el levantamiento del subsidio a la gasolina, en plena cuarentena por la pandemia de COVID-19. En aquel momento, se estableció un sistema híbrido de precios internacionales a $0,50 por litro de combustible y subsidio mediante un cupo otorgado a través del sistema patria. No obstante, con el pasar de los años, ha incrementado el número de estaciones de servicio que comercializan únicamente gasolina a precios internacionales.
Más recientemente, el pasado 3 de julio, Pdvsa anunció el fin del subsidio total al diésel para el sector industrial, un combustible que se entregaba de manera gratuita al transporte de carga, y que ahora tiene un precio de 0,32 centavos de dólar el litro.
