La Asamblea Nacional aprobó una ley que permite al Estado recuperar los bienes de origen ilícito o usados para actividades ilícitas, como la corrupción, el narcotráfico o el terrorismo. La ley se llama Ley Orgánica de Extinción de Dominio y fue publicada en la Gaceta Oficial N° 6.745 Extraordinario el pasado 28 de abril.
El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), presidido por la magistrada Gladys María Gutiérrez Alvarado, designó mediante la resolución N° 2023-0007 los tribunales civiles de Caracas que se encargarán de tramitar las causas de extinción de dominio a nivel nacional, tanto en primera como en segunda instancia.
Estos tribunales son: el Tercero, Sexto, Séptimo y Noveno de Primera Instancia Civil con Competencia Nacional; y el Superior Tercero, Noveno y Décimo en lo Civil, con Competencia Nacional. Estos tribunales tendrán un plazo de 60 días para ser creados y contarán con el apoyo de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura y la Escuela Nacional de la Magistratura.
Los tribunales también deberán informar al Servicio de Bienes Recuperados sobre los bienes incautados y recuperados por esta ley, que busca identificar, localizar y recuperar los activos relacionados con actividades ilícitas y declarar su titularidad a favor del Estado sin compensación alguna.
