La decisión de la Corte Penal Internacional (CPI) de seguir adelante con las investigaciones sobre los posibles crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela por el gobierno de Nicolás Maduro ha generado el rechazo de la administración venezolana, que ha anunciado que apelará la medida.
En un comunicado, el gobierno de Maduro ha calificado la decisión de la CPI de “ofensiva” y “contraria a su naturaleza”, y ha acusado a la institución de dejarse influir por “operadores políticos nacionales e internacionales” que buscan desprestigiar a su administración.
El gobierno ha asegurado que continuará defendiendo la verdad y sus derechos como nación, y que seguirá colaborando con la CPI para demostrar que no ha cometido los delitos de lesa humanidad que se le imputan.
La CPI había autorizado al fiscal Karim Khan a reanudar la investigación sobre Venezuela, al considerar que las autoridades locales no habían avanzado lo suficiente en sus propias pesquisas, y que se habían centrado solo en los responsables directos o de menor rango de los abusos, sin abarcar todo el espectro de violaciones de derechos humanos que se denuncian.
