lunes 22, abril 2024

Venezuela: cómo la falta de inversión estatal ha llevado a la “privatización de facto” en los servicios públicos #24Ago

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Ante el colapso de los servicios públicos en Venezuela por la falta de inversión y mantenimiento del Estado, muchos ciudadanos han optado por soluciones privadas e informales para tener acceso al agua, la electricidad y el gas. Esta situación ha provocado una “privatización de facto” que perjudica sobre todo a los sectores más pobres, que deben pagar precios exorbitantes por servicios esenciales.

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Según la ONG Monitor Ciudad, que da seguimiento al funcionamiento de los servicios públicos en Caracas y cuatro estados del país, los caraqueños reciben agua en promedio solo 60 horas a la semana. Muchos deben recurrir a camiones cisternas o perforaciones privadas de pozos, que pueden costar entre 70 y 20.000 dólares. Otros compran botellones de agua para beber y cocinar, lo que puede representar hasta la mitad de sus ingresos semanales.

El gas doméstico también escasea en muchas zonas populares, donde las personas deben hacer largas colas para obtener una bombona o acudir al mercado negro, donde se venden entre 10 y 20 dólares. El salario mínimo en Venezuela es menor a 5 dólares mensuales. Algunos optan por cocinar con leña o carbón, lo que implica riesgos para la salud y el medio ambiente.

La electricidad es otro servicio que sufre constantes fallas e interrupciones, especialmente en el interior del país. Los apagones son frecuentes y pueden durar horas o días. Muchos comerciantes y residentes han comprado plantas eléctricas para garantizar el suministro, pero el costo del combustible y el mantenimiento es alto.

El régimen de Nicolás Maduro ha culpado a las sanciones de Estados Unidos por la crisis de los servicios públicos, pero la realidad es que el deterioro comenzó mucho antes, por la desinversión, la corrupción y la falta de planificación.

El gobierno ha lanzado un programa llamado “1×10 del Buen Gobierno”, que consiste en recibir reportes de las comunidades y enviar brigadas para reinaugurar acueductos, asfaltar vías o reacondicionar ambulatorios. Sin embargo, estas acciones son insuficientes y no resuelven los problemas estructurales que afectan al sector.

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