La economía de Venezuela sufrió un duro golpe en el primer trimestre de 2023, que redujo las expectativas de crecimiento y aumentó el descontento social. Expertos atribuyen este retroceso a las políticas del Gobierno contra la dolarización, la baja demanda nacional y la precariedad de los servicios públicos.
Según la firma Ecoanalítica, el país solo crecerá un 2% este año, muy por debajo del 8% que proyectaba a principios de año. El director de la consultora, Asdrúbal Oliveros, dijo a EFE que la economía se detuvo en los primeros tres meses, debido a una contracción importante del consumo y de la actividad de muchos sectores.
El Gobierno ha aplicado medidas que han tenido efectos contraproducentes en la dinámica económica, como el cobro de un impuesto del 3% a los pagos en divisas y la restricción de la capacidad de los bancos de transferir dólares para sus clientes. Estas acciones han encarecido los productos, potenciado la inflación y generado incertidumbre.
Oliveros explicó que la dolarización, que el propio Gobierno empezó a alentar a partir de 2018, ha ayudado a generar certidumbre, a permitir el desarrollo de la actividad comercial y a que algunos segmentos de la población tuvieran acceso a divisas. Por eso, consideró contradictorio que ahora se intente frenar este proceso.
Otro factor que ha afectado la economía es la situación del sector público, donde los sueldos son extremadamente bajos y no permiten cubrir las necesidades básicas. Esto ha disminuido el consumo y, por tanto, la actividad comercial e industrial.
Ecoanalítica calcula que el volumen de ventas cayó un 15% en el primer trimestre respecto al mismo lapso de 2022. El Observatorio Venezolano de Finanzas (OVF), entidad independiente al margen del Banco Central, estimó que la economía se contrajo un 8,3 % en comparación con enero y marzo del año pasado.
La Confederación de Industriales (Conindustria) advirtió recientemente que la baja demanda nacional es el principal factor que afecta la actividad manufacturera, seguido de otros como la falta de financiación, los excesivos tributos y la precariedad de los servicios básicos.
Esta situación se refleja en el aumento de las protestas sociales, que crecieron un 23% en los cuatro primeros meses del año, según el Observatorio de Conflictividad Social (OVCS). La mayoría fueron de trabajadores, motivados por la precarización de los salarios en medio de un escenario económico dolarizado e inflacionario.
